Asistimos estos días, a cuenta del Decreto Ley 9/2020 de protección del territorio, a un nuevo ejercicio de trilerismo político mayúsculo por uno de los partidos del Pacte. Un 'socio' que, a pesar de no ser el que cuenta con más votos, es el que tiene la sartén por el mango en el acuerdo tripartito.

Con solo una semana de diferencia, el Pacte presentó unas medidas y las contrarias. Ofreció una solución a cuestiones que llevaban mucho tiempo sin resolver, y siete días después deshizo todo por presiones de Més per Mallorca. Una maniobra que, además, pisa las competencias del Consell y de los municipios de la isla, por lo que en Ciudadanos hemos acudido al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad ante tal atropello.

No ha trascendido hasta donde estaba dispuesto a llegar Més para forzar la situación, pero a la vista de lo sucedido en Felanitx -donde sus cargos han abierto incluso la puerta a un replanteamiento de las alianzas postelectorales por un desencuentro con PSIB y Podem respecto a esta cuestión- podemos imaginarnos que ha debido ser hasta sus últimas consecuencias.

Cada partido tiene derecho a optar por el modelo económico y social que desee. En el caso de Ciudadanos, por ejemplo, anteponemos los intereses generales a los partidistas, y apostamos por la protección tanto de las personas como del tejido empresarial, sobre todo de autónomos y pymes.

Por poner un ejemplo, no se puede obviar que los empresarios que realizan al menos parte de su actividad en suelo rústico necesitan una solución. Deben poder regularizarse y desarrollar su actividad con una seguridad jurídica que garantice que su supervivencia dependerá de su desempeño como empresarios, y no de ser torpedeados por la propia Administración. Proteger estos empleos no es sino proteger el estado del bienestar, algo especialmente importante en las circunstancias actuales.

Lo más cínico de Més es que toda esta escenificación de purismo ético a cuenta del territorio convive con algunas noticias que ponen en duda la actuación de algunos de sus cargos electos. Un edil de Montuiri que casualmente pide una licencia de obras en suelo rústico horas antes de que sean prohibidas. Una exalcaldesa de Petra que no le ha quedado otra que acatar el código ético de su partido por tener que sentarse en el banquillo en un caso de presunta corrupción por condonar deudas a su marido. Y aún en el recuerdo el caso Contratos, cuyo sobreseimiento no despejó del todo las dudas de un trato de favor.

Con esta actitud nos quedan claras dos cosas: una, que con socios como estos el Pacte no necesita enemigos, y dos, la máxima de que a veces 'Menos es más', en Mallorca es al contrario, 'Més es menos'.

* Portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca