La conselleria de Educación se ha caracterizado durante esta larga etapa del confinamiento por una gestión pasiva, dubitativa y decepcionante, marcada primero por la inactividad, después por dar largas a la concreción y plazos del método para la reincorporación a las aulas y, en los últimos días, por una reacción improvisada que, por su premura y falta de preparación, dificulta la realización de las tutorías y clases de repaso anunciadas desde mañana mismo.

Los intentos del conseller Martí March de relegar incorporación a la "nueva normalidad" hasta el mes de septiembre han provocado contrariedad y quejas en las familias, lo que ha obligado al Govern a reaccionar a última hora. Lo ha hecho tarde y mal, desconcertando a los propios docentes, quienes ahora deben improvisar la apertura de los colegios anunciada sin conocimiento ni preparación previa. Uno de los principales costes de este errático sistema de hacer las cosas, aparte de la relevante desorientación del alumnado, está en la brecha creada entre sociedad y cuerpo docente. La postura de los sindicatos educativos, más centrada en la defensa corporativa del docente que en la importancia social de su labor y en el interés primordial del alumno, ha sido inexplicable.

El problema es que no ha habido un plan de desescalada serio y coherente para el sistema educativo. Es una grave carencia. Cierto es que lo primero es proteger la salud, evitar contagios y riesgos para la vida de las personas, pero a medida que se iba controlando la pandemia se atendieron con celeridad las necesidades sociales y económicas derivadas de la crisis y se activaron planes de reactivación en todos los sectores. Pero nadie supo darse cuenta de que la educación también era un servicio público esencial que no podía esperar. La función del sistema educativo va mucho más allá de la estrictamente académica: los centros docentes son el lugar fundamental de socialización de los niños y adolescentes, un aspecto básico para su desarrollo y bienestar emocional que perdieron de golpe, hace ya casi tres meses. El Govern no puede ignorar tampoco que el sistema educativo es esencial para posibilitar el engranaje productivo de la sociedad y que los trabajadores con hijos pequeños puedan cumplir con sus obligaciones laborales, que deben proteger a toda costa para no perder el empleo y sus ingresos en un momento crítico de parálisis de la economía y de muchas empresas. Sin embargo, el conseller Martí March ha ido postergando cualquier decisión hasta que la situación se ha vuelto insostenible por completo.

No era asumible que el alumnado permaneciera alejado y sin contacto con las aulas por espacio de casi seis meses. Inicialmente, en las primeras semanas del estado de alarma, el desconcierto de toda la comunidad educativa era lógico. El esfuerzo de muchos profesores y familias para establecer dinámicas de enseñanza telemática ha sido importante, pero no suficiente. Por las dificultades para los alumnos vulnerables, sin medios ni conexión digital. Y por la progresiva incorporación al trabajo de los padres sin un horizonte claro de reinicio de las clases.

Es lógico el desánimo instalado en las familias, sobrepasadas por la situación y preocupadas por cómo va a repercutir este periodo en sus hijos. La peor parte se la están llevando los menores, que han perdido la esencial referencia educativa, de relación social y de formación en valores que suponen los colegios. Es difícil de entender que la conselleria de Educación no haya activado con tiempo un plan de finalización de este curso con presencia de alumnos en los centros, aunque fuera limitada, y con plenas garantías de seguridad sanitaria. El error se palía ahora con un anuncio precipitado de tutorías por un periodo irrisorio, de unos días, que no contenta a nadie, ni a las familias ni a los profesores. Se ha perdido una gran oportunidad para situar a la educación, los profesores y los colegios, como un servicio público esencial y prioritario, con soluciones imaginativas y sin escatimar recursos. Reabrir cuanto antes los centros, con las medidas de seguridad imprescindibles para evitar riesgos, debería ser la prioridad para la conselleria de Educación. Los estudiantes, de todos los niveles, necesitaban volver a las aulas cuanto antes, pero en esta situación excepcional la conselleria ha puesto el interés de los alumnos y de los padres por detrás del de los profesores y ha optado por esperar otros tres meses, hasta septiembre. Lamentable.