En los primeros tiempos de la Transición, la denominada "cuestión militar", eufemismo utilizado para disfrazar el temor que infundían los generales, comprometidos hasta la médula con quien había sido su indiscutible jefe, el dictador Franco, hizo que se teorizara sobre la autonomía con la que las Fuerzas Armadas debían encajar en el sistema político que se deseaba democrático. Hubo un teniente general, Manuel Cabeza Calahorra, defensor del golpista Milans del Bosch, que sostuvo que los Ejércitos debían disponer de una organización autónoma, al margen del poder civil. Sus tesis obtuvieron considerable aceptación entre el generalato y altos mandos de la época. No prosperaron, y con el teniente general Gutiérrez Mellado primero y el gran ministro de Defensa que fue Narcís Serra después, los militares entraron en vereda convirtiéndose en lo que hoy son: unas Fuerzas Armadas esencialmente profesionalizadas, supeditadas al poder civil. Unas más entre las de los estados democráticos occidentales. No existió autonomía orgánica militar. Cabeza Calahorra se llevó sus ensoñaciones a la tumba.
Pero sí parece haberla en un cuerpo peculiar, a la vez civil y militar, según se dice; se trata de la Guardia Civil, a la que ahora la derecha jalea, hasta el punto de que ese portento que es el secretario general del PP, Teodoro García Egea, nos retrotrae a la época de su fundador, allá por la mitad del siglo XIX, el duque de Ahumada, para enfatizar el "espíritu de cuerpo" que la caracteriza. Dice el gran García Egea, que el duque se enfrentó al general que entonces mandaba en España, el espadón Narváez, para defender a un cabo de la benemérita institución.
Más allá del esperpento, habitual en el secretario general del PP, es chocante que ahora descubramos, debido al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, al que se debería haber despachado sin miramientos después de la lamentable actuación que protagonizó en Cataluña cuando los sucesos del no menos lamentable uno de octubre del peculiar referéndum independentista, que la Guardia Civil es el cuerpo policial-militar autónomo que el general Cabeza Calahorra pretendía establecer para los Ejércitos en la salida de la dictadura franquista. En una ilustrativa crónica publicada por El País el pasado 29 de mayo, se da cuenta de cómo los sucesivos directores de la Guardia Civil nombrados por los gobiernos de turno han sido algo parecido a marionetas en manos de la cúpula de los generales del cuerpo, que hacen y deshacen a su antojo. Juan Mesquida tal vez pueda dar, en el caso improbable de haberse enterado, alguna información al respecto. Desde que los generales quieren tenerlo todo controlado hasta que se considera una injerencia las decisiones tomadas por el ministro Marlaska, tal parece que los ascensos son decisión exclusiva de los generales, que a los ministros de Interior y Defensa, directamente concernidos, únicamente les cabe firmar sin rechistar el necesario enterado. La hoy directora general de la Guardia Civil, ayer director, está para dar discursos. Hablar al público. De los demás se encargan los celosos generales.
Marlaska ha dicho basta. Ha establecido lo que se pudo pensar que estaba asentado desde siempre: que la Guardia Civil, también en su organización interna, se debe al poder civil del Estado, que es el Gobierno quien decide los ascensos, quien diseña su funcionamiento como estima más adecuado y que los hombres y mujeres de uniforme verde oliva y tricornio, obedecen, aunque les disguste, lo que se les ordena. Lo ocurrido con el coronel de los Cobos ha destapado lo que casi medio siglo después de iniciarse la Transición no debería suceder. Por muchas invocaciones al duque de Ahumada que haga el inefable Teodoro García Egea, absurdo transplante del pasado.
