Los acontecimientos de la semana anterior y los de la presente agudizan la sensación de que el gobierno de Sánchez e Iglesias está exangüe. Si las insuficiencias de las que da muestras a sólo pocos meses después de su constitución son tan elevadas, y si se cumple el vaticinio de Sánchez de que el gobierno va a durar los cuatro años de la legislatura, va a ser cuestión de ajustarse los cinturones todavía más. Cuando todavía no hemos siquiera transitado por las consecuencias más demoledoras de una tragedia como la de la pandemia, que ha enviado al baúl de los recuerdos el programa de gobierno pactado entre PSOE y Unidas Podemos, es difícil imaginar cómo va a afrontarlas un gobierno frentista pensado para otro escenario radicalmente distinto. La emergencia es de tal naturaleza que sólo un ciego puede intentar afrontarla con sus propias fuerzas. Si ya no hay programa que valga, sólo un esfuerzo solidario de toda la sociedad reagrupada en torno a las fuerzas políticas más representativas puede hacerle frente con alguna garantía de éxito. No hay espacio para la esperanza. El sectarismo partidario y el frentismo guerracivilista con que nos tienen maniatados nos aseguran sobresaltos sin cuento.
El pacto del PSOE con EH Bildu es una nueva afrenta a la historia y al sacrificio de tantos militantes del PSOE defendiendo las libertades individuales en el País Vasco. El argumento para justificarlo es endeble: la necesidad de aprobar el estado de alarma como sea, por sus consecuencias para la salud de los ciudadanos. Para ello se pacta la derogación íntegra de la ley de la reforma laboral aprobada por Rajoy. Es decir, para prorrogar el estado de alarma y en plena hecatombe laboral de la que aún no hemos visto las más dramáticas consecuencias, se introduce, al margen del diálogo social, una medida que arruina la confianza necesaria para estimular el mercado de trabajo y alienta la desconfianza de la Comisión Europea en el preciso instante en que deben pactarse las ayudas a nuestro país. Pero toda la secuencia del pacto es mostrenca: sólo se da a conocer cuando ya ha pasado el pleno del parlamento, porque de haberse sabido antes, el PSOE se hubiera enajenado el voto favorable de Ciudadanos. El ridículo se extiende cuando, tras hacerse público, Calviño amenaza con dimitir y el PSOE hace pública una matización y corrige unilateralmente un pacto ya firmado: la derogación ya no es total, sólo de los aspectos más lesivos de la ley. Se incrementa el ridículo cuando Iglesias afirma que pacta sunt servanda, que lo firmado es sagrado y que la derogación tiene que ser total. Cuando parece que no se pueden subir más escalones del ridículo (ay, partido socialista, quién te ha visto y quién te ve) sale el inefable Simancas en nombre del PSOE para proclamar a toda la ciudadanía que la culpa del pacto con Bildu la tiene el PP, porque votaba contra la prórroga. De tan pueril hasta da una cierta gracia. No solamente es que nos traten a los ciudadanos como a niños, es que pretenden que los juzguemos de forma benévola como si fueran inocentes ellos también, como niños. Para nada, todo es un engaño más de Sánchez y cía. Si a alguien podían (hipotéticamente) culpar, (el único culpable de un pacto es quien lo firma) es al socio que con su abstención posibilitó que el presidente fuera Sánchez: ERC, que votó en contra de la prórroga; no, que los necesitarán.
Lo primero que puede reclamarse a un gobierno que dicta un estado de alarma es que sea exquisitamente competente en el ejercicio de la autoridad única y unos poderes tan excepcionales en una pandemia en la que se barajan ya los treinta mil muertos. No se puede mentir a los ciudadanos desaconsejando las mascarillas y argumentar, cuando se impone su uso, que el mercado no podía satisfacer su demanda en aquellos momentos. Somos adultos y si ni el mercado ni el Estado podía proporcionarlas, seguramente ya nos las hubiéramos ingeniado para protegernos. Porque no querían asumir la responsabilidad de decir la verdad y al mismo tiempo reconocer que eran incapaces de proporcionárnoslas. Pero lo que ya roza la incompetencia absoluta es el desbarajuste en las cifras diarias de fallecidos. Una autoridad competente dicta manuales estrictos de contabilidad sanitaria a los responsables autonómicos y vigila su estricto cumplimiento. Esto de que de repente un día se detraigan dos mil muertos, luego otro día se añadan doscientos, y luego donde había cincuenta diarios se convierta en treinta y cinco en una semana es de una incompetencia y de una irresponsabilidad de las que no encuentro calificativos. Pone en cuestión toda la gestión de la pandemia.
La tentación totalitaria del gobierno viene avalada por la destitución hecha por Marlaska del coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil en Madrid. El motivo fue la negativa del coronel a comunicar al ministro las investigaciones realizadas por la Guardia Civil como policía judicial, en relación a las responsabilidades administrativas por las autorizaciones a actos masivos como el mitin de Vox o la manifestación feminista del 8 de marzo. La negativa obedecía a la órdenes dictadas por la juez del juzgado 51 de Madrid. Marlaska, apoyado por Sánchez e Iglesias, con Echenique diciendo que la derecha quiere descabalgar a un gobierno salido de las urnas. Ya sabemos que UP no cree en la división de poderes, pero un juez, Marlaska? Marlaska, un juguete roto, balbucea parafraseando a Groucho: "No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino rodearse la alta dirección de las personas que entiendan de mayor confianza para ellos". El peor equipo en el peor momento.
