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La interferencia

La destitución del coronel Pérez de los Cobos por el ministro de Interior es una injerencia tan ilegítima como arbitraria en el ejercicio de la labor jurisdiccional

La destitución del coronel Pérez de los Cobos es una interferencia en la dependencia funcional que la Constitución atribuye a los miembros de la Policía Judicial respecto a los jueces. Y un "aviso a navegantes".

Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan como Policía Judicial "dependen de los jueces de instrucción" y del Ministerio Fiscal. De modo que la interferencia del ministro del Interior, que tuvo que autorizar el cese, y de la directora de la Guardia Civil (GC), como autora material del mismo, es una interferencia tan ilegítima como arbitraria en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Por ello, no sería extraño que la magistrada juez de instrucción concernida respondiera con lo que la ley exige: incoar una pieza separada para investigar ese intento de revelación de secretos y tomar declaración, en calidad de investigados, a los generales que presionaron al coronel, y a la propia directora del Cuerpo.

Es muy probable que ellos pudieran aportar luz sobre el nudo gordiano de la cuestión, como es el contenido de las diligencias practicadas por orden judicial y que eran secretas (para todos los cargos de interior también).

El coronel de los Cobos (al que Rubalcaba llegó a considerar una pieza fundamental en la victoria final sobre ETA), es un peso pesado dentro de la GC y su papel fue clave en la aportación de pruebas que llevaron a las condenas a los líderes del procés.

El Jefe de la Comandancia de Madrid ha abierto una vía de agua con efectos retardados y quizás devastadores ya que la magistrada, en el curso de su investigación para aclarar la posible negligencia del Gobierno (autorizando la manifestación del 8-M, cuando ya había suficientes indicios para suspenderla por el virus), pone la primera piedra en la inevitable judicialización de una previsible macrocausa.

Negarse a informar a sus superiores sobre la investigación judicial del 8-M le ha costado el puesto y es posible que le haya puesto cuesta arriba el generalato.

El ministro del Interior ha recurrido a la socorrida excusa de "pérdida de confianza", para dar un escarmiento al coronel que ha ido por libre, por no informarle de las diligencias que practicaba la GC.

Es más bien un "aviso a navegantes". Y, de paso, un gesto de complacencia y distensión con quienes, desde la insatisfacción redentora independentista, habían pedido la cabeza del coordinador policial en el dispositivo policial relativo al referéndum ilegal catalán. Para estos, el "jefe de las fuerzas coloniales".

En el juicio de las Salesas, de los Cobos fue un incómodo testigo de cargo, al detallar los hechos con el realismo de quien ya ha transitado los pasillos del infierno, manejando con precisión hechos y conceptos y expresándose con la firmeza de un CEO ante el Consejo. Y amparando, sin titubeos, "the rule of law".

La magistrada designó a un equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, con órdenes taxativas, entre ellas observar "la más absoluta confidencialidad y objetividad". Así que el oficial de la GC, por mucho que exista una dependencia orgánica de Interior, se ha atenido a las resoluciones de la juez, de quien tiene una dependencia funcional.

Las asociaciones judiciales no han tardado en reclamar una explicación sobre los motivos de la "pérdida de confianza", para "garantizar que detrás de esa alegación no se esconde una decisión arbitraria". Y han puesto sobre aviso. Tratar de acceder a las investigaciones que la Policía Judicial realiza para un juez, es una "clara injerencia" del Ejecutivo.

Resultaría improcedente que esos mandos "reclamaran información para comunicarla a los políticos" ya que seria una forma de interferencia en la investigación judicial. Y los agentes dependen de los jueces y del fiscal en sus funciones de "averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente".

El artículo 126 de la Constitución establece la dependencia funcional de la policía judicial, de Jueces, Tribunales y Fiscales. El problema surge cuando hay conflictos de interés que suelen manifestarse cuando se investiga al Ejecutivo. Entonces, se trata de cohonestar esa dependencia con la orgánica del Ministerio del Interior.

Esa doble militancia implica que los mandos deben facilitar medios e infraestructura a los agentes para trabajar, pero "sin inmiscuirse en modo alguno" en la investigación. Lo que empalma con una vieja reivindicación, que esa dependencia no sólo sea funcional sino también orgánica, precisamente para evitar que el Gobierno se inmiscuya en investigaciones judiciales que puedan afectarle. Como es el caso.

Por su parte, las asociaciones de guardias civiles han exigido al ministro que explique las verdaderas razones de su decisión, porque "está en juego la imagen de neutralidad y la independencia de la Guardia Civil".

El ministro, que en tiempos no muy lejanos ejerció como juez, parece haber perdido el umbral de ética judicial de la que hacía gala. Sabe que no debe entremeterse en la instrucción de un asunto, sobre todo cuando es parte interesada.

La destitución de quien goza de razonado prestigio (protagonista en la liberación de Ortega Lara) ha sido fulminante. Y esta "purga" trae a la memoria un suceso anterior, cuando fue destituido el coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa ("qué coño es eso de la UCO", dijo Pujol), que tantos éxitos estaba cosechando en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción política.

En aquella ocasión, el ministro (exjuez) también invocó la socorrida "pérdida de confianza", cajón de sastre en el que parece caber todo.

Estos sucesos recuerdan -inevitablemente- las depuraciones de personas que son incómodas. ¿Tendría que haber desobedecido el coronel destituido a la jueza? ¿Un ministro está por encima de lo que decida un juez?

Quienes aprueban la destitución, opinan que el coronel pretendió estar al margen de la disciplina que le debe al Gobierno, so pretexto de que al actuar como Policía Judicial estaba sustraído a tal. Es normal perder la confianza en quien te está investigando, pero precisamente por ello no debería estar permitido cesarle hasta que la investigación termine.

Emergen cuestiones de mayor cuantía para tener en cuenta en la fase que se aproxima: ¿Será ésta la nueva normalidad? ¿La de la persecución y castigo al discrepante? ¿La vuelta del usted sabe con quien está hablando? ¿La naturalidad del pavor? ¿Salimos mejor de lo que entramos? Tiempo queda para calibrar debilidades, dependencias y empobrecimientos. Lo que ahora destaca es la perplejidad con decisiones que está adoptando este gobierno.

De momento, el soporte dado a la fulminante destitución ("es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que la Guardia Civil está entregando a la jueza"), es raquítica y motivo sobrado para que la directora del Instituto Armado dé explicaciones -del porqué- en el Congreso, ocasión que debería aprovechar la oposición para preguntar sobre el paradero del general evaporado del "coro del faristol".

Ante la interferencia gubernativa, la respuesta del coronel ha sido que no podía informar ("porque ni lo conozco ni debo conocerlo"), del contenido de los últimos atestados enviados a la jueza.

Que un héroe contra el terrorismo, defensor del Estado al que ha servido sin distinciones ideológicas (cinco ministros), sea despedido por colaborar con la justicia (la instructora es hija y hermana de guardias civiles) no puede explicarse más que por complacer otra de las exigencias ("higiene democrática") de quienes apuntalan este Gobierno.

Si alguien tiene alguna prueba de que el coronel ha cometido un delito o una irregularidad que lo demuestre. Para eso está la ley, a la que debe atenerse cualquier servidor público. Pero haber sido destituido, por limitarse a cumplirla, es un honor.

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