El tándem Sánchez-Iglesias deja muestra casi a diario de los sobresaltos que conlleva una alianza con Unidas Podemos (UP). Iglesias hace trastabillar al gobierno de la nación a cada paso que da, dejando fuera de juego a los ministros socialistas quienes, por si acaso, acuden ya a los Consejos de Ministros con la carta de renuncia entre los dientes. Si no fuera por lo que nos jugamos en cada una de esas sesiones, el subidón informativo que generan resultaría francamente apasionante.

Los concejales de UP en el Ayuntamiento de Palma no quedan atrás provocando tensiones innecesarias dentro y fuera del equipo de gobierno. El último ejemplo de ello lo tenemos en la propuesta de crear una mesa de diálogo entre el gobierno de Cort, los empresarios de Palma y los vendedores ilegales, "manteros", con los que dicen haber contactado ya para tal fin.

Cómo y cuándo se han establecido esos contactos son las primeras incógnitas que nos asaltan. Durante el estado de alarma y por videoconferencia suena improbable. Y si se han dado con anterioridad y de forma personal ¿habrá sido en plena calle a pie de manta o tras una carrera espantados por la policía local? Turbadora imagen la de una regidora en tal situación.

Con quién negociar tampoco es cuestión baladí. Parece harto difícil atacar de una sentada a todos los "manteros" de la ciudad, lo que conlleva a pensar en la existencia de algún representante de todos ellos. Eso implicaría una estructura sólida y organizada en Palma de vendedores ilegales conocida y reconocida por la administración local. Desolador.

Y la constitución de la mesa. A un lado, la representación de un grupo de personas sin papeles, trabajando sin derechos ni descansos como imagen de la "esclavitud del siglo XXI", que venden falsificaciones pisoteando las patentes de sus legítimos diseñadores; sin ningún tipo de garantía para el comprador, ni derecho a devolución ni controles de calidad; con total ocultismo sobre el proceso de fabricación o si éste se halla en manos de explotadores de mujeres o de niños en cualquier rincón del mundo en el que sus derechos son constantemente vulnerados; y soportado todo ello sobre una más que sospechosa y suculenta red de distribución.

Al otro lado, empresarios de Palma que venden productos perfectamente etiquetados, con todas las garantías de calidad y respeto a los derechos del consumidor y sostenido todo por una red legal y transparente de diseño, fabricación y distribución; bajo la supervisión y control de inspectores de Trabajo para la contratación de sus empleados y al día con las tributaciones a la Seguridad Social y al resto de administraciones, incluida la municipal.

Y en el centro, presidiendo la mesa, el alcalde Hila. Aún desconocemos para qué. Si para inclinar la balanza hacia la "liberación absoluta de las ventas de productos en Palma" y que ningún comerciante pague impuestos, declare servicios, garantice controles de calidad ni derechos de empleados y clientes o si para poner fin a la venta ilegal en la ciudad, a la explotación humana, a la competencia desleal y al peligro que corren los consumidores ante la falta de garantías y controles.

Una envenenada propuesta, una ocurrencia más fruto del falso "buenismo" de la izquierda más radical, que pone en jaque a empresarios y al consistorio palmesano y pretende dar voz a redes ilegales de grandes movilizadores de capitales sumergidos, falsas mercancías y personas sin derechos. Queda por saber si el alcalde sorteará el jaque, o si será un "Jaque Mate" a los comerciantes de Palma.

* Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma