Después de más de dos meses de estado de alarma, una necesaria suspensión del tráfico de pasajeros con el exterior y la parálisis económica derivada de semanas de confinamiento, es posible analizar ya con cierto reposo cómo ha reaccionado la Administración autonómica ante esta grave crisis sanitaria y las medidas que ha adoptado para afrontarla.

Las líneas de actuación del Govern de Francina Armengol se han encaminado en tres direcciones y han mostrado unos reflejos aceptables, con buena capacidad de respuesta. Lo primero eran las personas, y el Ejecutivo autónomo tuvo en este aspecto una respuesta acertada, en muchos casos acompañada de exigencias ante el Gobierno de Pedro Sánchez, para que los trabajadores que se veían afectados por el cierre o disminución de producción de sus empresas, o no podían iniciar la temporada turística, no quedaran desprotegidos. Los ERTE prorrogables por el estado de necesidad han sido una solución que alivia el impacto del desastre económico y que permite a muchas familias atender sus necesidades básicas, si bien no se puede olvidar que aun así han quedado a la intemperie colectivos vulnerables que necesitan apoyo para sobrevivir con dignidad hasta que se reanude plenamente la actividad económica y puedan encontrar un trabajo que les garantice el sustento. El incremento de las demandas de ayuda que están recibiendo los servicios sociales públicos y todas las entidades asistenciales es un claro exponente de ello. Y hay que darles una solución.

En segundo lugar, el Govern ha procurado establecer las bases para que las Balears pueda reanudar cuanto antes la actividad turística, con todas las garantías, para que puedan promocionarse como un destino seguro. Esta es la mejor forma de reactivar el sector clave de la economía del archipiélago. El cierre de aeropuertos y la cautela para no reabrirlos hasta que no se programen rutas seguras y métodos de control de pasajeros suficientes es una medida en la dirección adecuada, aunque no deberá descuidarse ni relajarse.

Pero había que dar algunos pasos más, concretar iniciativas para el favorecer un rápido despegue económico tras el gran desastre del coronavirus. Había que hacerlo, además, dentro de un mar de incertidumbres y sin descuidar el objetivo primordial de velar por la seguridad sanitaria y evitar posibles rebrotes.

El Govern se ha decantado por un decreto ley de medidas urgentes que permite la expansión de establecimientos hoteleros sin incremento de plazas turísticas ni aumento de urbanizables y facilitando los trámites, con la fórmula de la declaración responsable, para la obtención de licencias de obra. Es una medida que ha molestado profundamente a los grupos ecologistas, ha creado dudas entre los promotores acerca de si bastará para animar la construcción, como se pretende y, por supuesto, ha agradado a los hoteleros.

La controversia era inevitable. Se ha reprochado al Govern que haya optado por lo fácil, por lo de siempre, pero ninguna de esas críticas ha ido acompañada de una alternativa capaz de lograr el mismo efecto de rápida reactivación que necesita la economía balear. Y esa reactivación es la manera más eficaz de hacer frente a la emergencia social.

Una situación extraordinaria requiere respuestas extraordinarias. A corto y medio plazo no existen en Mallorca alternativas fuera del sector turístico capaces de realizar una aportación significativa de puestos de trabajo, con la urgencia que requiere la insoportable masa de desempleados que ha dejado esta pandemia.

Uno de los aspectos más discutidos del decreto ley del Govern es el ya citado de la declaración responsable para las obras. En este sentido hay que indicar que la medida deber adecuarse a su propia denominación. Facilitar las cosas, agilizar los trámites, no es malo para quien actúa con buena intención. Ahora bien, a la Administración le corresponde velar por el buen uso de esa herramienta excepcional y ser implacable con los incumplidores que abusen de ella para cometer ilegalidades e imponerlas por la vía de los hechos consumados.

El decreto ley era necesario porque en estas circunstancias hay que apoyar a las empresas y emprendedores que tienen la capacidad de generar riqueza y crear empleo, contribuyendo con ello a engrasar la maquinaria de los ingresos públicos y el consumo. Tiempo habrá después de valorar los resultados o de corregir sus efectos indeseados. Mientras tanto hay que admitir que puede paliar un posible colapso económico y social. Hay que evitar, en todo caso, que se use para cometer nuevos atentados urbanísticos o para sacrificar nuestros valiosos y escasos recursos naturales, porque también es indispensable preservar el futuro de una Mallorca turística sostenible y con una mayor diversificación económica.