El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Palma ha dado por errático el rescate de la concesión de explotación del túnel de Sóller, que poseía Globalvía, efectuado por el Consell en diciembre de 2017, con un coste de 16,5 millones de euros. La empresa concesionaria reclamaba una indemnización de 31 millones y, a la vista está, no hubo posibilidad ni voluntad de acuerdo negociado entre las partes.

La resolución judicial conocida ahora es un nuevo revés sobre una controvertida obra pública, en su momento la de mayor envergadura de Balears, que lleva tres décadas sacudiendo la política y la administración pública de Balears. Lo ha hecho a base de escándalos y corrupciones, algunas de ellas confirmadas por la Justicia, que han dejado en mala posición diversas actuaciones bancarias y costado el cargo, entre otros, al expresidente Gabriel Cañellas, inmediatamente después de ser reelegido. Cañellas fue forzado a dimitir para que su turbia gestión de unos hechos, después prescritos ante la Justicia, no enturbiara el paso de José Maria Aznar hacia La Moncloa.

Estos son los antecedentes de una última resolución judicial que ahora rechaza el rescate del túnel de Sóller efectuada por el Consell porque no ha hallado en ella suficientes argumentos de utilidad y necesidad pública y percibe comportamientos de arbitrariedad en la operación llevada a cabo por la institución insular en 2017.

Hay que decir, de entrada, que el rescate del túnel era un compromiso electoral del pacto de gobierno que encabezaba Miquel Ensenyat en el Consell, una promesa que había que cumplir para no defraudar a la ciudadanía y porque, en términos generales, la apertura integral del túnel resultaba beneficiosa al facilitar las comunicaciones entre ambas partes de la Serra sin peaje directo para los usuarios. En contra de algunos temores iniciales, en el tiempo transcurrido desde el levantamiento de la barrera del túnel, ha quedado demostrado que la Vall de Sóller no ha padecido una desmesurada presión del tráfico. La apertura ha acabado siendo beneficiosa para todos.

Por eso mismo llama poderosamente la atención que el Consell, al ejecutar un rescate que sabía a ciencia cierta complejo, controvertido y contestado por la oposición política y las partes interesadas en su explotación comercial, dejara abierta y difusa la brecha de la justificación del interés público de la operación.El juez ha puesto en evidencia al Consell porque no quiso o no supo ejecutar con suficiente tino y precisión el rescate del túnel.

Globalvía, la antigua concesionaria, intentará ahora recuperar un mayor montante de la indemnización que pretendió en 2017 mientras el Consell recurrirá ante el Tribunal Superior la sentencia en su contra del juzgado de lo contencioso-administrativo.

De todos modos, sea como sea, el rescate del túnel de Sóller se antoja irreversible, sin posible marcha atrás. Por dos factores principales, porque Globalvía no está en condiciones de activar el mecanismo de su antigua explotación y porque cuando el Consell se hizo con su gestión quedaba apenas un lustro para que venciera la concesión de la que ahora restarían apenas dos. Este tiempo pasará con nuevos pleitos, pero sería aconsejable que las partes fueran capaces de establecer nuevos canales de diálogo para que el túnel entrara en una normalidad que todavía no ha conocido desde su ya lejana inauguración.

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