Preservar la salud, ante la frágil especie humana, ha relegado a ulteriores posiciones la economía o lenguaje del dinero. Mas ¿qué sucede con la justicia? En estos tiempos para la reflexión, convendría tomar conciencia de la incidencia en los valores humanos que tiene el anómalo y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. A nadie que haya tropezado con ella se le escapa que la respuesta de los tribunales a los conflictos sigue siendo disonante, defectuosa, tardía. El colapso de la administracion de justicia es una evidencia y, tras el monumental atasco que se producirá ante el Covid-19, constituye una grave preocupación, sin precedentes, que creará de nuevo mayor alarma social.
La justicia de siempre ha sido la hermana pequeña, injustamente maltratada e ignorada por todos los gobiernos, con la incidencia que tiene su defectuoso funcionamiento en la convivencia y valores humanos básicos que la informan: respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, etc. El aumento de la litigiosidad, quiérase o no, es una consecuencia de este deficiente funcionamiento de la administracion de justicia y del código amoral imperante. No pasa nada ante el incumplimiento y la insolvencia.
El escenario en estos delicados tiempos de alarma y consecuente atasco judicial se presenta imaginable, seguro que real. La ley del más fuerte, una consecuencia reiterada, así como la de "tomarse la justicia por su mano". Nótese que hoy los filósofos, a la sazón escuelas de Sócrates, Aristóteles, Platón, han pasado a denominarse juzgados de instrucción.
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicas estos días sus propuestas para aliviar el colapso. Entre otras, propone desincentivar litigaciones sin fundamento, en lenguaje coloquial quieren decir: "Señores, no interpongan tantas demandas judiciales; estamos desbordados". Parece una broma, ¿verdad?
La carencia de medios es un clásico en la justicia. Resulta incomprensible que no pueda funcionar como la empresa privada y dotarla de más medios e instrumentos (teletrabajo, etc. ), que permitan dar cumplimiento a su función. No les falta razón a los jueces en sus demandas de medios, pese al ingente esfuerzo que la mayoría realizan para dar cumplimiento a la tutela judicial.
A lo que íbamos. El órgano de los jueces nos sorprende estos días con propuestas para evitar la litigiosidad. Estas pasan por la mediación, -olvidan incomprensiblemente que los abogados, antes de iniciar acciones judiciales, han agotado la negociación-; continuan por restringir de su ámbito de actuación determinadas reclamaciones; siguen por limitar las costas judiciales, para terminar con el establecimiento de sanciones a los litigantes que reclaman sus derechos, en aquellos litigios que definen "sin fundamento". La pregunta es obligada: ¿Por qué no fundamento?
La realidad nos informa de que en multitud ocasiones un mismo conflicto, resuelto individualmente por varias personas, ofrece distintas y diversas soluciones, con lo que ya parece muy difícil una respuesta universal. A lo anterior, aplicando el principio de congruencia, la propuesta del Consejo debería completarse con la imposición de sanciones económicas y pago de todas las costas judiciales al juez o tribunal al que se le revoque una resolución judicial dictada. Absurda consecuencia, ¿no?
Pongámonos serios de una vez por todas, y trabajemos en hallar soluciones globales, huyendo de intereses gremiales, que permitan hacer efectivo el derecho fundamental a la tutela judicial, que lleva implícita la legitimidad del conflicto y sin restricción alguna, con el consecuente reconocimiento, fomento y protección del derecho fundamental a obtener una solución efectiva.
* Abogado de la Caib
