El 14 de marzo se declara el estado de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se hace a través del RD 463/2020 y sorprendentemente no se impone el cierre automático de las obras.

Curiosamente sí que se ha suspendido la emisión y entrega de las cédulas de habitabilidad, documento que incomprensiblemente sigue tramitándose de forma presencial. Una pena no haber aprovechado el momento para poner en marcha la tramitación telemática y, al menos, algo positivo hubiéramos sacado de todo esto.

A raíz del no-cierre de las obras, el ministerio de sanidad estableció unas medidas de seguridad para garantizar la ¿seguridad total? de los empleados y del personal de la obra. Creo que no es necesario haber estado en muchas obras para darse cuenta que es imposible llevar a cabo dichas medidas en una obra. ¿Cómo es posible garantizar la distancia de seguridad entre trabajadores de 2 m y evitar agrupaciones que supongan un contacto entre ellos? o ¿Cómo es posible impedir el posible contagio de los operarios a través del contacto con superficies metálicas o acabados recién ejecutados? o ¿Cómo es posible impedir y asegurar que no se compartan herramientas? o ¿Cómo es posible garantizar la higiene y el lavado de manos del personal de forma continuada y según el protocolo establecido por las autoridades? o ¿Cómo es posible evitar el desplazamiento al centro de trabajo de varias personas en un solo vehículo?, podría seguir indefinidamente con más ejemplos, pero creo que ha quedado claro que lo único garantizado en una obra es el riesgo de contagio entre trabajadores y el riesgo de contagio de éstos a sus familias y a sus mayores, si es que los mayores no son los propios trabajadores, porque el número de trabajadores mayores de 55 años en las obras es bastante elevado.

Esta claro que la construcción es un sector estratégico y su cierre supone ampliar el desastre económico y social que inevitablemente nos vamos a encontrar. Sería fantástico que después de este confinamiento, los promotores tuvieran sus obras avanzadas según lo previsto y los hoteles sus reformas listas para que puedan entrar los turistas desde el día 1 d.c. (después del confinamiento). Pero, ¿Que precio o cuantas vidas estamos dispuestos a pagar para conseguirlo? ¿Realmente vale la pena?

Quizás las obras sigan abiertas porque se entienda que esto es más importante que la salud de los trabajadores de la construcción y las muertes que puedan producirse entre ellos y sus familiares. Y lo más importante, las consecuencias penales de todo ello, evidentemente no caerán sobre el estado o las instituciones que dejaron abiertas las obras, sino sobre los técnicos y directores de las mismas, ya que si ocurre un accidente o se vulnera la salud de los trabajadores, se aplican el Art. 147, en caso de lesiones, o el Art. 142, en caso de homicidio por imprudencia. Y es sobre los técnicos que se aplican los Art. 316 y 317 del Código Penal, que tipifican el delito de riesgo, consistente en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. Es decir, que somos los técnicos los responsables de todo ello. Por supuesto, yo personalmente suspendí la actividad en todas mis obras después de la declaración de estado de alarma por parte del presidente del gobierno y animaría a todos mis compañeros a realizar lo mismo a pesar de las presiones que puedan recibir.

Recuerden que en el Art, 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, queda facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores disponer la paralización de la obra.

Ha pasado más de una semana desde la declaración del estado de alarma para que el Govern de les Illes Balears definiera unas directrices a seguir en la actividad de la construcción, lo ha hecho en colaboración con todos los agentes del sector de la construcción (arquitectos, constructores, aparejadores, promotores, ingenieros?), de los cuales parecer ser (según lo publicado en las redes sociales) que solo los arquitectos a través del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears ha mostrado cierta sensibilidad con el tema y ha apoyado la conveniente suspensión de las obras desde el principio, lo cual me parece inverosímil.

Exceptuando casos como el de Barcelona o Fornalutx que han promovido la suspensión de las obras en sus municipios, todas las otras instituciones han estado animando al sector a realizar una imprudencia de tal envergadura, que aunque les salga penalmente gratis, éticamente no lo es, por eso espero y deseo que recapaciten, suspendan las obras y envíen a los trabajadores de la construcción a sus casas, ¡obreros go home!

*Arquitecto director del Estudi E. Torres Pujol