Al igual que ha ocurrido antes en procesos similares que, por cierto, han acabo siendo un éxito, las medidas que está emprendiendo el ayuntamiento de Palma para incrementar la peatonalización en diversas áreas de la ciudad son objeto, ahora mismo, de una fuerte controversia y de visibles muestras de rechazo.

El jueves, coincidiendo con el pleno municipal, la convocatoria de cierre del pequeño comercio y las manifestaciones de protesta en la calle tuvieron una implicación de 1.200 establecimientos, según las patronales convocantes y contaron con el respaldo de asociaciones de distribución y otros colectivos vinculados al comercio.

El actual gobierno municipal de izquierdas está dispuesto a ejecutar ahora un plan aprobado ya en 2014, cuando el PP gestionaba Cort con mayoría absoluta. Los comerciales ven en él una amenaza y, básicamente, piden consenso en la concreción de las medidas de movilidad a aplicar. Incluso dentro del revuelo organizado, llegan a reconocer el acierto de peatonalizaciones anteriores pero desconfían de su propia capacidad de resistencia, en la coyuntura actual, para soportar la transición desde la presencia de tráfico y estacionamientos a la que están acostumbrados, hasta la prevista cesión de las calles al transeúnte. Pocas diferencias, en definitiva, con lo que ha ocurrido antes en la peatonalización de Oms, Blanquerna, Fábrica y, más recientemente, Velázquez, ésta última, incluso, a petición de los vendedores. Visto desde ahora, resultaría impensable que estas zonas volvieran a la situación precedente.

Estamos ante un choque de intereses que sin embargo deberán acabar siendo compatibles por sostenibilidad vital de todas las partes. Para hacerlo necesitan tener en cuenta la crisis a la que está sujeta el pequeño comercio, eso por una parte, porque de otra se ha vuelto imprescindible seguir incorporando factores de sostenibilidad y de reencuentro de Palma con sus propios habitantes y huéspedes.

Es evidente que tienda de barrio y comercios de toda la vida de distinta índole sufren una pérdida de clientela y ven reducida su área de negocio. Pero también está demostrado que su competencia feroz no está en la peatonalización de las calles, radica en la superioridad de medios de las grandes superficies que han sido escasamente controladas y en el avance agresivo y cómodo del comercio electrónico de origen y beneficio exterior.

Palma tiene experiencia acreditada en el veto de determinadas áreas urbanas a los coches. Muchas ciudades europeas también han logrado notables avances en este sentido. Pesan más los pros que los contras. No hay marcha atrás, por tanto. La capital balear será más atractiva, más amable, más humana y sostenible si cuenta con el ahora discutido eje cívico de Nuredduna y mayores zonas peatonales.

Falta saber gestionar el proceso con acierto. Se deben tomar medidas adecuadas para ello porque la problemática es compleja, afecta a intereses muy diferentes y se necesita la sensibilidad suficiente para atender y escuchar a todas las partes.

El objetivo irrenunciable no es otro que el de devolver Palma a sus habitantes. Un modelo de ciudad más humanizada y transitable que, si se logra, acabará beneficiando a todos incluidos, por supuesto, los comerciantes que ahora protestan. En una ciudad que no da la espalda al medio ambiente ni al peatón, al paseante y que permite la convivencia en la calle también debe haber espacio vital para el pequeño comercio y el punto de encuentro de cafeterías y plazas. Se trata ahora, por tanto, de ayudar a los comerciantes a hacer el tránsito desde la situación actual a la deseable.