Hace unos días un canal informativo, no precisamente afín al gobierno Macron, se preguntaba, entonando a Charles Trenet, que dónde estábamos, dónde había ido a parar la revuelta, la interminable huelga en el transporte público y las manifestaciones antirreforma del plan de pensiones. Que reste-t-il ? Pues la verdad, poca cosa, al menos en la calle, con menos de 15.000 manifestantes en París durante la última convocatoria a la pretendida "huelga general" del pasado jueves.
Ahora la lucha se centra en el Congreso, donde los diputados de la France Insoumise han optado por un original plan de guerrilla parlamentaria. El proyecto de ley, ya en el marco de la Assamblée National, ha entrado pues en la tradicional fase de debate. Momento en que los diversos partidos presentan sus enmiendas para introducir cambios, plantear objeciones, e intentar incorporar sus ideas a la ley. Pues bien, tan solo por parte de los Insumisos se han presentado más de 40.000 enmiendas. Una cifra récord, que en el fondo no significa sino un empeño en bloquear el proceso normal del tratamiento del proyecto antes de su aprobación por la Cámara. Los 17 francotiradores del grupo de Mélenchon, diluidos entre los 577 diputados del total de la Asamblea, no dan la talla/peso frente a la mayoría absoluta, 340 congresistas, con la que cuenta el Presidente.
Resulta evidente la obsesión de los Insumisos por, una vez perdida o abandonada la lucha en la calle, obstaculizar el proceso habitual intentando provocar el rodillo macronista. O sea, la aplicación del artículo 49.3, un "arma" constitucional, según la cual la mayoría puede aprobar una ley sin necesidad de debate. Un artículo utilizado recurrentemente por Manuel Valls, al menos en seis ocasiones en su etapa de Primer Ministro, y que fue objeto de duras críticas, llegando a acusarle de prácticas dictatoriales. De momento, y por esta razón, el Gobierno encabezado por Eduard Philippe no quiere oír hablar del tema y paralelamente al debate parlamentario ha abierto una mesa de negociación con los sindicatos que aceptan el diálogo para tratar de acercar posturas, introduciendo mejoras que contenten a todos.
Y es que con las próximas elecciones municipales en el horizonte inmediato, 15 de marzo, el Gobierno tiene varios frentes con los que lidiar. Por un lado el manido debate de la laicidad. El principio "sagrado" del Estado Laico, donde la blasfemia no constituye delito, y uno puede cargar contra tal o cual religión, sin que por ello pueda ser perseguido. Asunto peliagudo por la extrema sensibilidad de ciertas profesiones de fe, que no dudan en utilizar las redes como campo de batalla, con amenazas de muerte incluidas ante la más mínima alusión o critica a sus creencias. El tema es peliagudo y el mismo Macron ha entrado en campaña lanzando una ofensiva contra el llamado "separatismo islámico" o el "Islam Político" tratando de frenar el avance de la ultraderecha en ese terreno minado. Y por otro, ejerciendo de malabarista, intenta recuperar votos en el mediatizado sector ecológico, volcándose en numerosos proyectos, con promesas a corto plazo, ante el avance de los partidos verdes.
Aunque quizás lo que más inquieta al Presidente en este momento es el "porno affaire" que ha provocado la caída de su amigo, y candidato por LREM a la alcaldía de París, Benjamin Grivaux. Un oscuro asunto disfrazado de performance por un personaje inquietante, el presunto artista ruso Piotr Pavienski, con estatus de refugiado político en Francia. El tema está en los tribunales, pero los macronistas se han visto obligados a improvisar en la recta final de la campaña poniendo a la voluntariosa ex ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, como nueva candidata para conquistar el deseado sillón de la capital.
