El Govern está dando a conocer sus primeras iniciativas para desbloquear la complicada situación de la vivienda en Balears, focalizada sobre todo en dos aspectos difíciles de sortear, su escasez y el alto coste, tanto de compra como de alquiler, que supone hoy para el usuario medio.

El mismo hecho de que el Ejecutivo autonómico actúe en estos apartados, en los primeros meses de legislatura, es un claro síntoma de la dimensión de un problema agravado aún por la inacción de unos gabinetes anteriores que solo se habían atrevido a regularizar un aspecto parcial, el del alquiler turístico.

Las medidas que pretende consolidar ahora el Govern Armengol se centran en la vinculación de los desahucios de los bancos a un obligatorio alquiler social, la cesión de suelo público para nuevas promociones, el incentivar los pisos de protección oficial y el abaratamiento de los arrendamientos.

El plan emprendido por el conseller Marc Pons presenta algunos aspectos novedosos y revela una necesaria dosis de valentía para afrontar la acuciante problemática de la vivienda básica en este archipiélago. Señalarlo como prioridad, como hace el Ejecutivo, es signo también de una voluntad decidida de llevarlo a término.

Dicho esto, hay que señalar, por otro lado, que las propuestas de Pons para abaratar y disponer vivienda han topado de inmediato con las reticencias y hasta la oposición directa de los socios de Govern de Més y Podemosreticencias y hasta la oposición directa de los socios de Govern de Més y Podemos, en especial por lo que hace referencia a la cesión de terreno público.

Los promotores, por su parte, dejaron claras sus enmiendas en el foro organizado por Prensa Ibérica y SIMAPRO el miércoles pasado en el Club Diario de Mallorca foro organizado por Prensa Ibérica y SIMAPRO el miércoles pasado en el Club Diario de Mallorca. Su mensaje no ofrece lugar a dudas, su negocio requiere rentabilidad por principio y para ello es imprescindible la liberalización de más suelo en las zonas urbanas de las islas y obtener facilidades legales. El sector empresarial realiza estas reivindicaciones sin alejarse de la realidad del problema. Se muestra consciente de que en Balears existe una seria dificultad estructural de vivienda que castiga en especial a la clase media y veta la posibilidad de emancipación a las generaciones actuales que basculan entre los 24 y 31 años de edad.

Pero la solución que proponen los promotores no es válida desde el punto de vista de la Administración. El conseller Marc Pons les responde que la oferta de más suelo edificable, que puede haber funcionado bien en otros lugares aunque no siempre ha sido así, no es aplicable a un territorio insular y por tanto limitado como Balears que, además, sufre el efecto de los constantes encarecimientos.

Resulta evidente que estamos estancados ante una problemática compleja y de difícil solución pero, precisamente por ello, no puede dejarse de lado. Las medidas anunciadas esta semana por el Govern necesitan pulirse y complementarse. Deben interpretarse como el punto de partida y una clara toma de conciencia de actuaciones mayores, más concretas, creativas y eficaces.

Hoy es difícil acceder en Mallorca tanto a la vivienda nueva, la de segunda mano y la de alquiler. Es así, en buena medida porque, sin ir más lejos, mientras en el conjunto de España en el segundo trimestre de 2019 los precios de compraventa han aumentado un 2,5%, en estas islas lo han hecho en un 5,5%. Ante esta tendencia alcista constante, es oportuno el debate sobre la regulación de los precios de los alquileres.

La resolución de los problemas de la vivienda reclama la incorporación de nuevos actores y entre otras cuestiones, superar las trabas burocráticas de la excesiva tardanza en la concesión de licencias. Se debe actuar para evitar burbujas como la de 2007 que tan nefastas consecuencias tuvo.