Es realmente clamorosa la contradicción entre el gobierno del Estado, que, a través de AENA, pretende la ampliación del aeropuerto, y el gobierno de Armengol, que se ha manifestado reiteradamente en su contra. La contradicción cobra mayor calado cuando se constata que ambos gobiernos están presididos por Sánchez y Armengol, líderes socialistas del mismo partido, el PSOE; y ambos gobiernos sustentados por fuerzas políticas idénticas, PSOE y Unidas Podemos, y por fuerzas que comparten ideología soberanista e independentista, ERC desde el Congreso y Més formando parte del Govern. La justificación aportada por AENA es su previsión de que en pocos años las instalaciones aeroportuarias deberán atender a 35 millones de pasajeros. La del Govern es la de detener el crecimiento de visitantes para mantener el precario equilibrio urbanístico y demográfico. Tiene razón el senador Vidal, de Més, cuando apunta lo contradictorio de la medida con la proclamada voluntad del ejecutivo español de luchar contra el cambio climático. La incoherencia del gobierno de Sánchez alcanza cotas de vértigo cuando, al tiempo que apoya la iniciativa balear de limitar los vehículos a diesel en el futuro, se dispone a incrementar las infraestructuras que van a aumentar aún mucho más el transporte más contaminante, el aéreo. La explicación podría ser que el gobierno está buscando desesperadamente ingresos adicionales que le permitan hacer frente, simultáneamente, a los recortes exigidos por Bruselas y a los incrementos en el gasto que le van a suponer sus promesas sociales: las pensiones, el sueldo de los funcionarios, la financiación autonómica, etc. y afrontar la ralentización de la creación de empleo por la subida del salario mínimo. De momento deja sin pagar el IVA de 2017 a las comunidades. Va veremos cómo evoluciona el déficit, que aseguran no sobrepasará el 1,8% del PIB.
Escandaliza bastante que AENA haya procedido a las adjudicaciones previamente a la exposición del proyecto a la opinión pública, demostrando en la práctica que la proclamada transparencia de los políticos no es más que un simple eslogan; la realidad es que el ocultamiento y el secretismo continúan siendo los mecanismos por los cuales el poder persigue sus objetivos. Sean conservadores o progresistas, los políticos españoles, mantienen unas pautas que son las de la desconfianza profunda a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos; la oligarquía tiene desde siempre una profunda alergia al funcionamiento de una verdadera democracia. Pero también produce pasmo la actuación del Govern de la CAIB. Puede tener una lógica que el Estado se reserve el control aeroportuario, pero no la tiene que haga y deshaga en una materia tan trascendental como el tamaño de la puerta de entrada en Mallorca sin concertar o acordar con el gobierno autónomo. Ahí es cuando el centro político, en este caso protagonizado por el PSOE, se está convirtiendo en una máquina de fabricar independentistas. A todo eso se le suma la impresión de que el gobierno de Madrid no trata igual a los poderosos que a los débiles. Nuestra debilidad es que apenas suponemos el 2% de la población española y que nuestro peso electoral es reducido. ¿A que no se atrevería Sánchez a chulear de esta manera a Cataluña o a Andalucía? ¿Qué significado tiene nuestra autonomía si no se nos tiene en cuenta a la hora de decidir el tamaño de nuestra infraestructura más decisiva? ¿Por qué la inacción de Armengol a tamaño desprecio por parte del gobierno central? Armengol solamente se mueve cuando algún seísmo amenaza el desempeño de su acción política. Así, en una cuestión de plena competencia balear y mallorquina como la tutela de menores, acosada por el escándalo de menores prostituidas, no ha dudado ni un instante en escaquearse de sus propias responsabilidades para pedir ayuda a los ministerios de Justicia e Interior. La dimisión es una práctica ajena al desempeño profesional de la política. Se quedarían sin ingresos.
Otra incoherencia, menos trascendente, pero igualmente significativa del talante de nuestros políticos, en este caso municipales, es el rechazo del ayuntamiento de Palma a la solicitud de ARCA de que no se cambien los bordillos de piedra en las obras viarias del ensanche y barriadas de Palma. Se trata otra vez del sostenella y no enmendalla de una administración sorda a la voz ciudadana y a una rectificación que podría interpretarse como debilidad y derrota. Los argumentos son insostenibles. El primero es que los bordillos de piedra no cumplen con el código de edificación. Cuando es el propio ayuntamiento el que dice que reserva los bordillos de piedra para las obras en el casco antiguo. ¿Es que en el casco antiguo rige un código de edificación diferente? El segundo, de traca, es que el bordillo de hormigón es más resistente, a la compresión, a la tracción, que el de piedra. Sería muy ilustrativo que el ayuntamiento presentara los ensayos sobre esta cuestión realizados con probetas de hormigón H-200, portland P-350 y con piedra caliza del mismo tamaño. En todo caso, si admitimos todos, espero, que la piedra aporta monumentalidad frente al hormigón, no es de recibo que se desprovea de la misma al ensanche para conducirla a un centro que ya es monumental, para sustituirla por un material menos noble y, creo, mucho menos resistente. Hay que cuidar el centro, por supuesto, pero sin devaluar el ensanche. Por desgracia muchos mallorquines son expulsados del centro. ¿Hacia el ensanche? No. Hacia barriadas extremas o pueblos limítrofes. Cuídeles, señor alcalde.
