En el arte de "contar historias" y fabricar "relatos", sería injusto no admitir la habilidad de la izquierda. Cuestión distinta es la calidad moral de esa fábula, que tiene que ver con el grado de respeto por la verdad. Hablemos, por ejemplo, del problema del acceso a la vivienda en nuestra comunidad, que constituye uno de los ejemplos más claros y crueles de esta manera de hacer política. La señora Armengol suele apelar una y otra vez, en cada discurso, a una sociedad cohesionada, a la solidaridad y al compromiso con los más necesitados, pero en la pasada legislatura su gobierno no logró construir ni una sola nueva promoción de vivienda pública. Y eso que dispuso de 4.000 millones de euros más de presupuesto público para convertir las palabras en hechos. Pero fue incapaz. El cero es un número que no emociona, pero por desgracia describe con exactitud las políticas del Govern balear a la hora de facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de rentas medias y bajas.
La Ley de Vivienda de 2018 no sólo no ha solucionado esos problemas, sino que los ha agravado. Los precios de la vivienda, sea ésta en propiedad o en alquiler, se han incrementado a un ritmo interanual por encima de la media nacional, convirtiendo en imposible para miles de personas un proyecto de vida digno. Para esta legislatura, en un periodo de desaceleración económica que está obligando a hacer recortes -ajustes, les llaman ahora- en los servicios públicos esenciales, el Govern nos promete duplicar el parque de viviendas en Balears, otro sueño de la señora Armengol. Si no lo consiguieron en los últimos cuatro años, en plena etapa expansiva de la economía, cuesta creer que lo logren ahora. La aritmética elemental y el pasado más reciente nos obliga a recordar a la señora Armengol que el doble de cero es cero.
Pues bien, aún admitiendo el "relato" inverosímil de Armengol -construir 1.800 VPO en los próximos tres años- en Baleares necesitamos en torno a 16.000 viviendas para cubrir la demanda existente y lograr bajar los precios de manera significativa. Quiere esto decir que, de creer en "el milagro de los panes y los pisos" de este Govern, se solucionaría poco más del 10% del problema. Conclusión: es imposible que la promoción pública por sí sola solucione una carestía de viviendas de esta magnitud.
Sin embargo, la Administración tiene a su disposición instrumentos para propiciar unas condiciones que permitan ir corrigiendo ese desequilibrio brutal entre oferta y demanda en el mercado de la vivienda. Desde el Partido Popular hemos presentado en el Parlament una proposición de ley de medidas urgentes que aporta soluciones a las necesidades habitacionales de miles de ciudadanos de nuestra comunidad, con especial atención los colectivos más vulnerables como jóvenes, familias numerosas y monoparentales. Una ley para hacer accessible la vivienda a las rentas medias y bajas.
La ley registrada pivota sobre tres pilares: poner más viviendas en el mercado, fiscalidad, y acceso a la financiación. Se trata en primer lugar de facilitar la construcción de nuevas tipologías de vivienda en suelo ya clasificado como urbano, más ajustadas a la demanda real de los nuevos modelos familiares. Más casas en los mismos metros cuadrados ya construidos, siempre cumpliendo con todas las normas de habitabilidad existentes. Debemos priorizar la rehabilitación y la recuperación del patrimonio construido, y evitar así las nuevas urbanizaciones y el consumo de territorio. Estas soluciones se destinarán exclusivamente a vivienda habitual del comprador o al alquiler y, en ningún caso, se autorizará un uso turístico de las mismas. Son viviendas para vivir y no para otros usos.
Un segundo bloque de medidas irían encaminadas a aligerar la carga burocrática que soportan los ayuntamientos a la hora de tramitar las licencias de obra. Si se proclama a los cuatro vientos que nos encontramos en una situación de emergencia habitacional, no es de recibo que la concesión de licencias en Palma, por ejemplo, se demore más de un año y medio. Este es un plazo seis veces más largo que el que establece la ley.
En tercer lugar, la Administración debe facilitar el acceso a la vivienda habitual a través de una fiscalidad mucho más ajustada a las actuales circunstancias de escasez de oferta en el mercado, tanto de alquiler como de compraventa. El Partido Popular propone un tipo reducido del 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y otro súper reducido del 2% para jóvenes menores de 30 años, familias numerosas y monoparentales. A estos colectivos también se les eliminaría el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por la compra de vivienda habitual. Por último, también se ha de facilitar la compra de vivienda habitual, por eso proponemos que el Govern pueda avalar hasta el 25% en la concesión de un hipoteca, priorizando a los colectivos antes mencionados.
Los votantes de esta comunidad han encomendado al Partido Popular la labor de control de la acción de gobierno del actual pacto de izquierdas. Pero también nos sentimos en la obligación de realizar una oposición constructiva y presentar propuestas viables para ser debatidas y consensuadas en favor del interés general. Un problema tan acuciante como el del acceso a la vivienda en las Illes Balears requiere sentido de estado y responsabilidad por parte de todos los actores políticos. Ahora que en el corto plazo no avistamos ningún proceso electoral, nos gustaría creer que la presidenta Armengol va a hacer suyas estas propuestas y las va a integrar en su relato, pensando en el interés general de esta comunidad y no en el suyo particular o en el de su partido.
