El surgimiento de “Teruel Existe”, tan emotivo, no ha sido interiorizado como el síntoma de un serio problema de desestructuración del Estado y de expresión airada de unos sectores sociales tradicionalmente postergados que han dicho basta tras una larga historia de incomprensión y abandono. Quizá las tractoradas que han comenzado a convulsionar la piel de toro, y que revelan el agotamiento de unas viejas sociedades agrarias del interior vapuleadas y esquilmadas por la crisis, y sin redención al alcance de la mano, termine convenciendo a las urbes, al establishment y a la clase política, de que lo de las “España vaciada” es algo más que un quejido nostálgico y esteticista, sin verdadera trascendencia económica ni importancia política.
Los agricultores y ganaderos de España, muy dispersos, con escasa capacidad asociativa y por tanto con baja influencia, llevan años lamentando que sus costes de producción son superiores a las rentas que obtienen por su actividad. En pura lógica capitalista, quienes todavía residen en la España rural ya debían haber emigrado a las ciudades, como han hecho muchos de las generaciones anteriores y siguen haciendo sus coetáneos, pero el apego ancestral a la tierra y a su trabajo, de un lado, y el reclamo de la Política Agraria Común, que dice querer mantener las viejas estructuras productivas y sociales, de otra, los mantiene al pie del cañón, exhaustos, desesperados, a punto de tirar la toalla. La mala cosecha de la aceituna, depreciada por la sobreabundancia, la meteorología y los problemas a la exportación, ha colmado el vaso de la paciencia de los agricultores andaluces, que han unido su voz a los de otras regiones, hartos de que las tiendas de las grandes urbes vendan sus productos a precios políticos inferiores a los de coste, como reclamo publicitario.
Las provincias del interior están sobrerrepresentadas en el Parlamento, pero de poco les vale porque al cabo quienes han recibido hasta ahora sus votos han sido los dos grandes partidos hegemónicos. Y el viejo bipartidismo tan sólo ha permanecido atento a las demandas de la periferia, que es la que puede generar verdaderos y ruidosos conflictos. Galicia, País Vasco, Cataluña son recibidas con inmerecido respeto cuando exhiben reales o imaginarios agravios comparativos y vienen a Madrid a exigir. El “España nos roba” de los catalanes hace mella en los pusilánimes ministerios inversores. El AVE se extiende para aplacar reivindicaciones pero sin articular la red demográfica del país, alimentando conurbaciones que crecen sin cesar en medio de la nada circundante, ignorando los espacios vacíos.
En cierto modo, los agricultores indignados españoles se parecen a los chalecos amarillos de París, a esas muchedumbres que no se sienten concernidas por las rimbombantes políticas sociales -en buena parte de la España rural ni siquiera ha llegado el 4G-, por los esplendorosos servicios públicos -a la España vaciada va el médico de cabecera una hora a la semana-, o por las grandes oportunidades tecnológicas que, pese a ubicuidad de la red, sólo se palpan realmente en los centros de decisión y de poder.
Es evidente que el problema no se resolverá rogando a los dueños de Carrefour o de DIA que no vendan las mandarinas por debajo del precio de coste para atraer clientes. Si se quiere abordar el conflicto en ciernes, hay que cambiar la PAC (o aplicarla mejor, exprimiendo sus contradicciones intervencionistas porque para eso fue creada en su día), que poner en valor las potencialidades de la España interior fijando a los ciudadanos a la tierra mediante servicios públicos suficientes, que llevar la tecnología a la agricultura a través de la universidad y la formación profesional, que diferenciar las necesidades de quienes eligen seguir poblando zonas de baja densidad de los que han emigrado ya a las urbes y/o a las costas. Hay que entender que la globalización, que tiene reglas universales, padecerá si no hace también ejercicios de adaptación a lo singular, si lo rural y lo agrario no recibe una atención real y preferente, como reserva que es de biodiversidad, como elemento clave de una ordenación del territorio humanista y salubre, como respaldo y garantía de unos modos de vida que deben humanizarse.
