Apuesto a que no les descubro nada si empiezo recordando la importancia de las convenciones en una sociedad: las leyes no son sino acuerdos para regular la vida en comunidad. Situamos la mayoría de edad en los 18 años o la edad mínima para un consentimiento sexual válido en los 16. Podríamos cambiarlas, pero hasta ahora hemos considerado que son las adecuadas, ya que antes no se tiene la madurez necesaria para tomar determinadas decisiones. Por eso, los niños y adolescentes necesitan una tutela efectiva, que es responsabilidad de sus padres o tutores legales y, en su defecto, de la administración.
El caso de las menores tuteladas víctimas de una red de explotación sexual infantil en Mallorca es el máximo exponente del peor de los fracasos: hemos sido incapaces de proteger a los más débiles, a los más vulnerables, a los que aún no pueden defenderse por sí mismos. Una derrota en la que influyen múltiples factores, que no se habría producido sin el silencio ni la hipocresía de los que han preferido mirar hacia otro lado mientras las menores salían de los centros y volvían con móvil nuevo, o de los que no hicieron suficiente caso a los educadores que avisaban del desastre.
“Al final, la decisión es del menor”. Puede que una niña prefiera prostituirse a cambio de unos zapatos nuevos, pero la obligación de sus responsables es impedirlo, porque -¿se acuerdan?- no tiene la madurez suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Seguramente, todos somos algo responsables de esa ‘decisión’. Tal vez no hemos hecho lo necesario para combatir la hipersexualización de la infancia, o para evitar que los adolescentes crean que todo vale por un Iphone o la cazadora de moda. Probablemente, no hemos castigado bastante -penal o socialmente- a quienes utilizan a los más débiles para obtener satisfacción sexual. Sorprende el actual silencio atronador de determinadas feministas. Es posible que los periodistas también nos hayamos equivocado a la hora de enfocar informaciones u ofrecer determinados datos de las víctimas que -no lo olvidemos- son el bien máximo a proteger. Y quienes tenemos la oportunidad de dirigirnos a muchos desde las páginas de un periódico, o los minutos en radio y televisión, también les debemos una autocrítica.
Sí, es muy probable que todo eso sea verdad. Pero, en todo lo ocurrido, hay unos más responsables que otros. El IMAS tiene, directamente, la tutela de las víctimas. La fiscalía de menores tiene la obligación de preocuparse por los captadores que no llegan a los 18 años. El govern, de evitar que se escapen de Es Pinaret, tal y como contaba que ocurre un funcionario del ministerio público hace unos días. La policía, de investigar. Puede que hagan falta más medios y no sé si una o doscientas dimisiones -en todas y cada una de las administraciones- solucionarían el problema. Seguramente no. Pero creo que los ciudadanos se quedarían más tranquilos si supieran que la lucha contra esta situación no está en manos de quienes han sido, hasta ahora, incapaces de evitarla.
Que las máximas autoridades de esta comunidad traten de diluir su propia responsabilidad en todo este asunto en un fracaso colectivo es, cuanto menos, un insulto a la inteligencia. Incluso riñendo a los medios por sus publicaciones, como si no hablar hubiera mejorado las cosas. Como si el camarero del bar de la esquina hubiera fracasado en la misma medida que Javier de Juan. Como si los grados, en la responsabilidad, no tuvieran ninguna importancia. Como si parafrasearan a Céline en aquello de ‘todos los demás son culpables, salvo yo’.
