26 de enero de 2020
26.01.2020
Editorial

Contra el turismo de excesos, al fin

Balears rechaza ser destino de candidatos a comas etílicos o de abuso de las drogas, sexo denigratorio para la mujer y balcones de hoteles como antesala de la muerte

26.01.2020 | 02:45

El Govern aprobó el decreto ley contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en las zonas turísticas con la pretensión de convertirlo en su mensaje estratégico en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur,), que se ha celebrado esta semana. Quizá hubiera sido más idóneo plantearlo en las ferias de Berlín o Londres, de donde salen los miles de turistas que ocasionan el problema, pero el objetivo, en cualquier caso, es certero y se ha conseguido: Balears rechaza ser destino de candidatos a comas etílicos o excesos con las drogas, sexo denigratorio para la mujer y balcones de hoteles como antesala de la muerte.

El decreto, que Més no quiso o no pudo sacar adelante la pasada legislatura y que ahora abandera el conseller Iago Negueruela, pone de manifiesto el daño que los comportamientos incívicos de este tipo de turismo está provocando en la imagen, la seguridad y la convivencia en tres destinos de las islas: el Arenal, tanto Playa de Palma como la zona de Llucmajor, Magaluf y Sant Antoni de Portmany, ámbito de aplicación del decreto. A partir de este razonamiento, impone una serie de obligaciones y prohibiciones, bajo la amenaza de multas hasta de 600.000 euros, que afectan de lleno y de forma muy importante a numerosos hoteles y empresas de las islas, así como a los operadores e intermediarios de los países emisores. Una regulación tan intervencionista de la actividad privada, en defensa del interés público, de la convivencia y de nuestra imagen como destino turístico, es sorprendente y valiente, y evidencia también en cierto modo el fracaso de las normas del libre mercado, en el que no todo vale y que debería haber atajado estas prácticas de motu propio.

El Ejecutivo autonómico actúa, en definitiva, porque no le queda más remedio, y lo hace apelando a "razones imperiosas de interés general", para garantizar el orden público, la salud pública, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores y de los destinatarios de los servicios públicos. Hubiera sido bueno que los empresarios beneficiados por este tipo de turismo, tanto los de las islas como los países emisores, hubieran rechazado y erradicado hace ya años este tipo de prácticas, que tienen lugar en establecimientos hoteleros, bares y barcos (donde se celebraban excursiones con el alcohol como único reclamo). No solo no habrá sido así, sino que el decreto no podrá aplicarse a las reservas de paquetes turísticos para la próxima temporada, sino únicamente a aquellas posteriores a su entrada en vigor y por un periodo de cinco años. Pasado este plazo, el Govern confía en que los "excesos" asociados a un tipo de oferta turística y de negocio fácil ya no se produzcan.

La norma es positiva y necesaria. El Govern del Pacto ha legislado sobre dos de las principales amenazas para el futuro del modelo turístico: el descontrol del alquiler vacacional y el turismo de "borrachera". Pero ambas regulaciones dependerán de la capacidad del Govern y de los consells insulares para hacerlas cumplir y castigar sus incumplimientos. El tiempo y el control de la aplicación efectiva de la ley demostrarán si consigue su objetivo. En Fitur, todos los sectores afectados por este último decreto lo han recibido de una forma muy positiva. Balears se vende como un destino que apuesta por la calidad, no solo de palabra sino con hechos. Este verano, desgraciadamente, quizá haya que volver a contar muertos por balconing. Si dentro de unos años esto forma parte del pasado de nuestro turismo, el éxito habrá sido enorme.

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