El reciente acuerdo alcanzado por la CNN para cerrar el "caso Sandmann", en el que la cadena estadounidense habría aceptado pagar una indemnización multimillonaria para evitar ir a juicio, ha rescatado el supuesto episodio de acoso a un nativo americano por un adolescente blanco, ocurrido hace un año, y obliga a reflexionar sobre el peligro para los medios de embarcarse en vertiginosas carreras con las redes que pueden situarlos al borde del acantilado.
El 18 de enero de 2019, Nick Sandmann era un adolescente de 16 años que, junto a otros estudiantes de un colegio masculino católico de Kentucky, había viajado a Washington para participar en una manifestación matinal contra el aborto. Al caer la tarde, la imagen de Sandmann, en cuya gorra roja podía leerse el trumpiano Make America Great Again, se había hecho viral gracias a una foto y un vídeo de un minuto.
Las imágenes mostraban a Sandmann encarado a Nathan Phillips, un nativo americano que regresaba de un homenaje en Arlington a los indígenas caídos en Vietnam. Miembro del pueblo Omaha de Nebraska, Phillips tocaba un tambor y entonaba, a un palmo del rostro del joven, un canto tribal. Frente a él, Sandmann exhibía lo que parecía un rictus de burla. En segundo plano, otros jovencitos excitados reían, hacían muecas y sacaban fotos.
Tres millones de reproducciones incendiaron las redes: en la explanada del Lincoln Memorial un grupo de jóvenes católicos había incurrido en un delito de odio racista al acosar a un activista nativo. La viralidad movió a los más relevantes medios de EE UU a subirse a la noticia. Las consecuencias fueron duras para Sandmann y sus compañeros. Sufrieron amenazas de muerte y su colegio cerró varios días para proteger sus vidas.
Sin embargo, al pasar las horas, nuevos testimonios ponían en duda esas acusaciones. Una grabación mostraba cómo, muy cerca de los jóvenes, cinco activistas de la comunidad Israelitas Negros los insultaban. Los adolescentes reaccionaron con cánticos católicos y ejecutando la danza maorí popularizada por el equipo nacional de rugby neozelandés. Poco después entró en juego el nativo Phillips, según unos para calmar los ánimos, según otros porque vio la danza como una burla y detectó odio en los escolares blancos.
Los datos adicionales llevaron a numerosos medios a rectificar. Otros, los más implicados en la vieja guerra con Trump, no lo hicieron. En un clima nacional de tensión, la familia Sandmann subió la apuesta. El 19 de febrero, un mes después de los hechos, demandó a The Washington Post y le reclamó 250 millones de dólares. Después actuó contra cadenas como CNN y NBC (275 millones cada una) y contra periodistas y políticos. Ahora, el acuerdo con la CNN cierra el grueso del incidente y permite abrir un momento de reflexión.
Si la irrupción de "bots" en el debate político lo está distorsionando irreversiblemente, la exigencia a los medios de competir en inmediatez con las redes genera una presión adicional sobre sus profesionales. Así, en casos como el de Sandmann, algunos medios relegan las exigencias inherentes al papel nuclear que el ordenamiento democrático les asigna como cauce de la información veraz y contrastada imprescindible para un correcto funcionamiento del juego político. Esta disfunción aumenta la eficacia de desinformadores y crispadores, a la vez que genera altos réditos para el sector de la abogacía especializado en alentar demandas y querellas.
Parece claro que la presión de las redes sobre la prensa es inevitable y creciente. Sin embargo, la batalla por la preeminencia de la información veraz sigue y seguirá abierta, lo que obliga a recordar que los medios, con sus limitaciones y lastres, constituyen la fuente de información más fiable. Un recordatorio que exige a los propios medios demostrar, día a día y con hechos, que lo son pese a las descalificaciones de crispadores y logreros. Lo cual exige evitar carreras apresuradas que, como el "caso Sandmann" los sitúen al borde del despeñadero. O saber rectificar.
