Lo de guardar las apariencias, patrimonio universal en tanto que falsilla de comportamiento, siempre ha sido algo muy español. Ya lo advertía el propio Séneca, cuando explicaba en nuestra lengua madre: " fallaces sunt rerum species" (las apariencias engañan). En los últimos tiempos, a esta mala práctica se ha sumado, llamando a la puerta con brío, un visible desdén institucional.
Con ocasión de la propuesta del gobierno para la jefatura de la Fiscalía General del Estado (FGE), de una fiscal con buena trayectoria profesional no exenta de polémica, se convocó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), (mayoría conservadora, mandato caducado desde hace más de un año y renovación pendiente), con objeto de recabar la opinión de sus miembros sobre la idoneidad -competencia y capacidad- de la examinanda.
Pero el órgano convocado, que no valoró la idoneidad, nada por aquí, nada por allí, no facilitó explicación alguna sobre los motivos por los que los vocales no entraron a dictaminar sobre el punto único del orden del día, limitándose a votar. Quizás tenía que ver con que, en la propuesta que se les entregó no figuraba el término "idoneidad". Y si no se discutía sobre esto, efectivamente, las explicaciones sobraban.
La impresión que podría quedar, tras el Pleno del CGPJ, es que, si la ungida no es idónea para el puesto, se quita el vocablo y punto. ¿Quiere decir esto que la apariencia equivale a que todo da igual, cuando la independencia y neutralidad es esencial? No parece que sea racional.
También se desconocen los móviles de los discrepantes, que reprocharon la falta de apariencia de imparcialidad y emitieron un voto particular, al tiempo que acataban la propuesta del presidente (alto cargo de la administración popular durante dos legislaturas) que, en esta ocasión, esquivó lo que solía hacer en ocasiones anteriores.
Porque al tener el Ministerio Fiscal atribuida constitucionalmente la función de promover la acción de la justicia, de garantizar la defensa de la legalidad, además de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social, resulta esencial asegurar no solo la imparcialidad del Ministerio Fiscal, sino salvar la apariencia. En eso consiste básicamente el trámite.
Tal y como se desprendió de la exposición de intenciones del gobierno investido y las actuaciones posteriores, la dificultad añadida es la superación de la judicialización del conflicto catalán, "la política no puede esconderse detrás de las togas". La pregunta es inmediata: ¿Esa petición independentista significa que la política desdibuje los delitos hasta hacerlos irreconocibles?
El lenguaje no deja de ser engañoso porque en Cataluña, además de la crisis política, hay un conflicto social y, desde el momento en que se ha vulnerado con incontinencia el marco constitucional y estatutario, indefectiblemente, el conflicto también lo es judicial.
Lo que está ensayando el nuevo Gobierno tendría que ver con que en Cataluña se quería ya, de una vez por todas, Gobierno y, como lo hay, se valora positivamente; no agradaba la actitud del PP frente al reto independentista y se aprecia que el nuevo Gobierno no mantenga la misma posición; en tanto que gabinete de izquierdas, no gusta a quienes no lo son, pero inquieta más el choque de egos en los respectivos planos domésticos.
El goteo de gestos abarca desde aplazar -una vez más- los recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional contra resoluciones del Parlament hasta permitir la reapertura de delegaciones catalanas en el exterior. ¿Se está buscando garantizar la indulgencia a los independentistas encarcelados o, simplemente, se trata de medidas amables que, sin salirse del ámbito constitucional, persiguen lograr la paz social, sin la cual no hay estabilidad?
En política, como se ha visto, nada hay peor que la inacción. De momento, lo que se vislumbra es que, en lugar de dejar actuar con independencia a jueces, fiscales y abogados del Estado, se estaría favoreciendo una estrategia que desemboca, de forma inevitable, en la politización de la Administración de Justicia. Ya se han dado dos pasos en esta dirección, condicionando la actuación de la Abogacía del Estado en el juicio del procés y proponiendo una nueva FGE, que no cumple con la apariencia de neutralidad e imparcialidad que tan alta función exige.
¿Debe esto interpretarse como una demostración de fuerza para dejar claro, desde el primer momento, quién manda aquí? Y todo ello, porque el Gobierno necesita a los secesionistas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, con ello, sobrevivir.
Mientras empieza la función y viendo que la hoja de peticiones está de rebajas, avispados nacionalistas, vascos y catalanes, creen que pueden conseguir más de lo que habían imaginado. No en balde, la bancada independentista aprobó una iniciativa pidiendo la retirada de la Guardia Civil de Cataluña. Y el portavoz del PNV en el parlamento vasco, desbordando el itinerario legal de reinserción y reconocimiento del daño, espetó: "El acercamiento de los 210 presos a las cárceles vascas se debe producir sí o sí". En resumidas cuentas, relajación penitenciaria, más embajadas y menos Guardia Civil.
La oposición popular que, cuando tuvo mayoría absoluta pudo intentar o cambiar esa ley o la manera de elegir, pero no lo hizo, rezonga ahora sin disimulo y, con renovadas prisas plantea revisar la forma de elección de los vocales del CGPJ y el sistema de nombramiento del FGE. O incluso los caminos de vuelta a las carreras judicial y fiscal de quienes han ostentado cargos políticos.
Es cierto que garantizar la idoneidad de los elegidos resulta metafísicamente imposible, porque definir lo "idóneo" es una proeza. Por eso es importante la apariencia como garantía de neutralidad en el ejercicio del cargo. Pero más grave y lamentable es el desdén institucional, del que se vienen dando reiteradas muestras, en menoscabo del respeto debido al edificio común y que no deja de ser evidencia de una débil cultura democrática.
El cambio de rumbo que está estrenando el gobierno progresista, con encontronazos frecuentes debidos a la audacia del desconocimiento, podría sintetizarse en que: si el presidente investido lograse atenuar la "crisis política" y, con ello, lograr la paz social en Cataluña, obtendría un gran éxito, personal y para España.
Si, por el contrario, descarrilase el intento, porque del otro lado de la Mesa (amnistía, autodeterminación, república catalana) no se respetasen los muros de la Constitución, el fracaso sería estruendoso y habría que exigir responsabilidades, no solo políticas. En toda su amplitud. Gloria o muerte.
En su última estrofa, el Himno Nacional de la Argentina plantea una opción extrema: "Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir". Cuando los mandatos, nacidos al calor de los avatares independentistas, no resultan fáciles de sobrellevar, no caben los términos medios. Dicho en otras palabras: sin legalidad no hay convivencia?ni democracia.
