Los informes de los trabajadores de los centros de protección de menores de Mallorca denunciando los abusos sexuales a niñas tuteladas por la Administración (el Consell en este caso) eran constantes desde hacía años y fueron completamente ignorados por los responsables de las instituciones. Ni el Institut Mallorquí d'Afers Socials (responsable de las menores) ni las autoridades policiales o judiciales han actuado hasta que ha saltado el escándalo. Decenas de niñas son captadas para ser explotadas sexualmente por redes de prostitución que las subastan al mejor postor, en este caso a pederastas sin escrúpulos, que mantienen relaciones sexuales con ellas a cambio de dinero, droga o regalos. "Cuando vienen con zapatos nuevos -explican los trabajadores- sabemos que se han prostituido". El asunto debería llenar de oprobio a las instituciones que, en lugar de velar por las menores, las han dejado a merced de los malhechores.
El director del IMAS, Javier de Juan, se defiende con una justificación miserable: "Hemos seguido todos los protocolos". Y la presidenta del Consell mallorquín asegura con cinismo que no ha mirado "para otro lado". No pueden seguir en el cargo ni un minuto más. Que la justicia castigue a los deleznables explotadores de las niñas y que la política depure las responsabilidades. Aunque lo segundo va a ser más difícil. ¡Qué vergüenza!
