Las informaciones reveladas esta semana por Diario de Mallorca sobre la explotación sexual a la que son sometidas decenas de menores tuteladas por el Institut d'Afers Socials (IMAS) han conmocionado a la sociedad mallorquina. Por la gravedad de los hechos y por la aparente resignación con la que las autoridades competentes, el Consell de Mallorca, los cuerpos policiales y las autoridades judiciales, han reaccionado al trascender una realidad que conocían, pero que se han mostrado incapaces de resolver.
Los hechos se han hecho públicos después de que una niña de 13 años denunciara que la pasada Navidad había sido brutalmente violada por un grupo de chicos. La menor vivía en un centro de menores del IMAS, que tutela a niños y niñas apartados de sus familias por múltiples y complejas circunstancias, todas ellas dolorosas y difíciles. A partir de la denuncia trascendieron las terribles circunstancias personales de la pequeña, que ya había denunciado en vano otras agresiones sexuales anteriores y que relató cómo era prostituida en sus salidas o escapadas del centro. Trabajadores de los centros de menores, de los cuerpos policiales y de otras administraciones directamente implicadas explicaron que esta realidad estaba extendida y que era conocida por las altas instancias de los organismos involucrados.
La realidad descrita es tremendamente dura. Decenas de adolescentes de menos de 16 años (la edad mínima legal en España para considerar que existe madurez para tener relaciones sexuales consentidas), todas ellas muy vulnerables por las circunstancias familiares y sociales que les ha tocado vivir, están siendo prostituidas en Mallorca a manos de depravados a cambio de regalos o dinero. Las fuentes consultadas por este periódico explicaban que los trabajadores de los centros de menores habían informado de estos hechos a las autoridades políticas y policiales, sin que se hubieran tomado medidas efectivas para atajarlos.
La reacción del IMAS fue admitir el problema, pero minimizar el número de víctimas afectadas y defender las acciones llevadas cabo para afrontarlo. Está fuera de toda duda la profesionalidad y la buena labor de los trabajadores de este organismo, que desarrollan un trabajo esencial a cargo de casi 400 menores en diferentes centros de Mallorca. Son niños y niñas cuyo entorno familiar no es adecuado para atender sus necesidades psíquicas y emocionales, lo cual implica necesariamente una situación traumática, acompañada a veces de elementos de maltrato o abuso muy dolorosos. La Administración, en este caso el IMAS, dependiente del Consell, se hace cargo de la tutela y adopta medidas de protección de los menores, que pueden pasar por familias de acogida o adoptivas o por centros residenciales, a veces con el objetivo final de reintegrarles a sus familias o de acompañarles hasta su emancipación. La responsabilidad de la Administración es enorme y compleja. Y muy satisfactoria cuando logra que los menores se desarrollen en condiciones de normalidad.
Precisamente por la importancia y la trascendencia de su labor, la respuesta de las autoridades políticas, policiales y judiciales ha sido decepcionante y descorazonadora. Resulta difícil de entender la actitud de resignación que se ha trasladado a la opinión pública, en la que parece pesar más la complejidad del problema que la gravedad del mismo. Aquí no se trata de si "sólo" son 16 menores, como admite el Consell, si son más o si a partir de determinada edad tienen libertad de movimientos como cualquier otro adolescente. De lo que se trata es de que estas adolescentes necesitan una protección efectiva de los organismos que las tutelan. Y en su deber de protegerlas no pueden escatimarse los medios. Son víctimas de abusos sexuales o son prostituidas porque el sistema público no ha sido capaz de evitarlo.
¿A dónde van estas niñas cuando se escapan? ¿Cuáles son los bares -que ellas señalan con nombres y apellidos de sus responsables- en los que les ofrecen regalos a cambio de sexo? ¿Cuántos policías controlan la estación del tren de Palma, donde al parecer captan a las víctimas para prostituirlas? ¿Quiénes son los miserables que abusan sexualmente de ellas? Son preguntas que los ciudadanos se han hecho estos días. Y las autoridades competentes tienen el deber de actuar para sacarlas de este infierno.
La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, decía el viernes que el IMAS no había "mirado hacia el otro lado" ante estos casos de abusos. Seguro que es así. Pero quizá lo que debería hacerse es mirar de frente el problema y ponerlo en la lista de máximas prioridades, de manera coordinada con la Policía, la Fiscalía y los jueces. El bien superior, que es siempre el interés y el bienestar del menor, obliga a proteger a toda costa a las niñas afectadas, a las víctimas. Lo que toca es atajar de raíz el problema, no hacer llamamientos a silenciarlo bajo la excusa de que se vulneran los derechos de las menores. El silencio, hasta ahora, no las ha protegido.
