Una de las buenas noticias (nunca abundan en política las buenas noticias, seamos realistas) que se desprenden de la formación del nuevo gobierno es que va a haber una cartera ministerial dedicada específicamente a Consumo, entre cuyos cometidos estará la revisión y el control del juego. Al comienzo de la etapa democrática, el juego fue regulado con gran cautela pero, inexplicablemente, en los últimos años se ha relajado la normativa, de forma que han proliferado los centros de juego destinados preferentemente a los más jóvenes al tiempo que ha crecido a velocidades vertiginosas el juego online, ampliamente publicitado. Legiones de adolescentes han convertido las salas de juego en centros de ocio y la ludopatía se ha disparado hasta extremos alarmantes. Es curioso que la mayoría de las nuevas salas se han abierto cerca de centros escolares y en barrios de clase media-baja. En busca de carne juvenil de cañón.
El ministro del ramo será Alberto Garzón, y en el programa electoral de Unidas Podemos se dice textualmente: "Vamos a acabar con las casas de apuestas on line y presenciales. Estos negocios depredadores están atacando a nuestros jóvenes (...). Hay que acabar con esta lacra y por eso en 2022 nuestro objetivo es que el 90% de estos establecimientos hayan cerrado". El proyecto resulta tranquilizador, y responde al carácter tóxico de estos negocios que generan adicciones peligrosas y que son completamente prescindibles. Ahora solo falta que se pase de la teoría a la realidad.
