La presidenta del Govern, Francina Armengol, tenía motivos esta semana para mostrar su satisfacción por la investidura de Pedro Sánchez. El nuevo Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de desbloquear decisiones políticas e inversiones inaplazables para Balears. Y la coalición con Unidas Podemos con apoyos de otras formaciones nacionalistas ha sido siempre la gran apuesta de la jefa del Ejecutivo balear, tanto aquí en las islas, donde ya gobierna con los morados y Més, como para todo el país.
Francina Armengol fue la única de los siete presidentes autonómicos del PSOE que apoyó a Sánchez en su momento más difícil, a finales de 2016, cuando fue obligado a dejar la secretaría general del partido por negarse a facilitar la investidura de Mariano Rajoy con la abstención socialista. Unos meses después, en las primarias del PSOE, la sintonía entre Sánchez y Armengol se rompió y la balear apostó por Patxi López para liderar el partido. Pedro Sánchez no se lo ha perdonado y la confianza entre ambos sigue quebrada. De hecho, Armengol discrepó de la línea que siguió Sánchez tras el referéndum del procés, apoyando la aplicación del 155 para Cataluña.
La llegada a la Moncloa, en junio de 2018, supuso un cambio de escenario político con un impacto directo sobre el Govern balear. Gobernar desde el victimismo ante Madrid puede otorgar réditos políticos, ya que permite culpar al Estado de todos los males con el mantra de la falta de financiación y el irrelevante peso político del archipiélago. Francina Armengol se encontró con unas nuevas cartas en el último tramo de la legislatura y las jugó como pudo, convirtiendo el proyecto de régimen especial -muy descafeinado y sin medidas fiscales- en su principal caballo de batalla.
A día de hoy, la estabilidad en el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta son una buena noticia para Balears y para el resto de comunidades autónomas. Los presupuestos de 2019 que no logró sacar adelante el PSOE y precipitaron la convocatoria de elecciones, con la consiguiente prórroga de los presupuestos de 2018, han bloqueado partidas económicas destinadas a las comunidades autónomas, además de mantener unas restricciones de gasto de la época del ministro Montoro que tiene maniatados a los ayuntamientos. Una de las primeras tareas del nuevo ejecutivo será aprobar y tramitar unos nuevos presupuestos que pongan fin a estos corsés y den un respiro económico a las autonomías.
Cuestión diferente es el desarrollo del régimen especial, que fue aprobado in extremis por el Consejo de Ministros, y que debe desarrollarse para ser efectivo. En el Congreso deben tramitarse de una vez las medidas fiscales reclamadas por Balears para compensar la insularidad, pero es un recorrido que no se presenta fácil dada la tradicional reticencia de los dos partidos estatales mayoritarios, PP y PSOE, a dar un trato fiscal diferenciado a Balears. Es pública y notoria la cerrada oposición de la renovada ministra de Hacienda y nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, a hacer concesiones en este asunto.
Otra de las reclamaciones que el Ejecutivo de Armengol pondrá sobre la mesa es un nuevo sistema de financiación autonómica. Coincidirá en la petición con los demás presidentes, aunque surgirán con seguridad profundas discrepancias en el reparto. Balears no ha conseguido que cale su mensaje de los sobrecostes de la insularidad y del déficit histórico de inversiones en infraestructuras y servicios públicos, lastrado por la falsa etiqueta de autonomía "rica". Los últimos datos sobre la pérdida del nivel de renta de los baleares lo desmienten, ya que las islas han pasado en veinte años del segundo al séptimo lugar en renta per cápita, según datos de 2018 del Consejo Económico y Social de Balears.
Más allá del impacto puramente económico, el Pacto balear espera del nuevo Gobierno una ley de cambio climático que le permita cumplir una de las propuestas estrella de la pasada legislatura: la prohibición de matricular nuevos vehículos diésel a partir de 2025, ahora suspendida por orden del Ejecutivo socialista.
A la presidenta Armengol y al vicepresidente Juan Pedro Yllanes les interesa que salgan adelante las medidas citadas para cumplir sus promesas y sacar pecho de su gestión de gobierno en Balears. Sin embargo, el beneficio, o en su caso el perjuicio, pueden ir más allá. Armengol e Yllanes se juegan mucho en el buen o mal funcionamiento del primer Gobierno de coalición, que inevitablemente repercutirá en sus relaciones en Balears. A ello habrá que añadir el factor de la crisis catalana, que implica indirectamente al otro socio de Govern, Més, alineado con los partidos independentistas. Como si no hubiera ya suficientes amenazas a la cohesión del pacto en la política balear, el nuevo escenario político estatal introducirá a buen seguro nuevos elementos de fricción en el seno del Govern.
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