Noviembre de 2011: un director de un instituto mallorquín recibe a este diario para hacer un reportaje sobre los efectos de los recortes. El Govern de José Ramón Bauzá había sacado la tijeras de poder y de podar y no sólo les redujo las partidas, es que directamente ni se las pagaba. Colegios e institutos tiraron de ahorros o mendigaron a familias y ONGs para pagar hasta los folios. Durante el reportaje, llaman por teléfono al director. Es el banco, que le avisa de que el instituto tiene 23,27 euros en la cuenta. Ni 24 euros para los gastos (calefacción incluida) de un centro con 800 alumnos. Comerse los ahorros fue la única salida para miles de personas afectadas por la crisis y también para los centros. El problema llegó cuando ya no quedaba nada que comerse. Nos vendieron que las crisis sirven para aprender, que también encierran oportunidades y todo eso. Y ciudadanos y directores aprendieron la lección: es importante tener un colchón salvavidas para cuando vuelva a arreciar el temporal. Hoy Educación les quita el salvavidas sin avisar antes: será que las cuentas del Govern se ahogan.
Si hay un mantra que Educación ha repetido y aplicado con insistencia desde 2015 es el de la autonomía de centro. Y suena bien: que los centros, cuyas realidades son heterogéneas (de la escuela de pueblo con cien niños al instituto con miles de alumnos), tengan autonomía para decidir qué es mejor según sus características, su situación, sus programas y objetivos. La segunda gran consigna de Martí March y su equipo, que aterrizó con el objetivo (conseguido) de firmar la paz con el sector, es el diálogo. Venga a crear mesas de diálogo con padres y directores, venga a hacer reuniones, venga a visitar centros y escuchar claustros. Autonomía de gestión y diálogo han sido los dos escudos con los que la Conselleria ha conseguido calmar el sector e ir activando proyectos de mejora.
Pero 2020 arrancó sin autonomía ni diálogo: al volver de las fiestas colegios e insitutos se han encontrado con que Educación les dribla el dinero que habían ahorrado gracias a su buena gestión; la eficiencia; la previsión y/o incluso la suerte (si hace más calor, eso que se ahorran en calefacción) o el dinero que tenían reservado a un fin concreto (como renovar las colchonetas del gimnasio). El nuevo escudo de Educación es Hacienda y la ley de presupuestos, que este año ha colado en la disposición adicional decimoquinta una modificación del decreto firmado por Damià Pons en 2002 para regular la autonomía económica de colegios e institutos. Así, según esta disposición cuando un centro tenga un ahorro del año anterior que supere 10% de las asignaciones procedentes de la conselleria ésta puede detraer de la asignación de ese año esa misma cantidad. Sed autónomos, pero como nosotros os digamos. "Los centros en su conjunto han acumulado más de 20 millones de remanente", argumentaba Educación en su comunicado. ¿En su conjunto? ¿Cuántos centros tienen excedente? ¿Cuántos han superado esa cantidad fijada en la ley de presupuestos? ¿Cuál es la media de remanente? ¿Hay un instituto con una piscina de monedas como la del tío Gilito?
"Se ha pedido a los centros que no acumulen remanentes", prosigue el texto de Educación. ¿Sí? En un reunión en junio a los directores de instituto se les dijo que algunos acumulaban mucho remanente. Y ya. A los de directores de Primaria, con los que se reunieron antes de Navidad, ni ese comentario aparentamente casual se les hizo ¿Para qué sirve crear una mesa de diálogo con los directores si no es para informarles con claridad de algo así? Cualquiera pensaría en un intencionado pecado de omisión para evitar que los directores salieran corriendo el día 31 de diciembre a comprar fotocopiadoras y lápices como locos, con el riesgo de que el Govern se quedara sin unos millones que por lo visto necesita con una desesperación tal como para arriesgarse a encender semejante fuego con la comunidad educativa (fuego que ayer se trató de tapar con otro, el de las visitas de Vox a los colegios e institutos) (fuego que a su vez creó otro incendio interno: el del departamento de Inspección, que se enteró por la prensa del procedimiento fijado para estas visitas y de su papel en él).
Tras haber absorbido todo lo posible del Impuesto de Turismo Sostenible, el brazo succionador del Consolat de Mar ataca de nuevo, cambiando de extranjis las reglas del juego de la gestión económica de los centros, al por mayor y sin hacer distinciones ni contemplaciones previas. Será que los 'pluses de peninsularidad' no se pagan solos. Será que no basta el dinero para todo lo prometido. Qué será, será.
