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Ramón Aguiló

escrito sin red

Ramón Aguiló

Las incógnitas del gobierno de coalición

El programa de gobierno, tanto en lo que se refiere a Cataluña como al resto del Estado, dependerá de la disputa entre ERC y Junts per Catalunya, que se recrudecerá con la sucesión de Torra si queda inhabilitado

A una semana de la negociada abstención de ERC que conducirá a Sánchez a la presidencia del gobierno de coalición con Unidas Podemos, es el momento de escrutar lo que puede depararnos el programa pactado de gobierno. El principal reto de la izquierda será borrar el recuerdo de los tripartitos en Cataluña entre PSC, ERC e IC, que fueron la causa originaria de todo lo que vino después al pretender una reforma constitucional encubierta bajo la forma de un nuevo estatuto autonómico. Recordemos, ahora, cuando los dirigentes socialistas reiteran que el diálogo con los nacionalistas se producirá dentro de la Constitución, que el propio Guerra declaraba que el nuevo estatuto quedaba limpio como una patena, que años después, en 2010, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales 14 artículos del mismo. Si ahora ya no están ni Guerra ni Carod-Rovira, el que negociaba con ETA que no atentara en Cataluña, ahora están un delincuente sedicioso como Junqueras y un pijoaparte patibulario como Rufián; y quien tiene todo el poder es alguien con menos escrúpulos que Zapatero (que ya es decir), el mismo que no se recata en manipular la Abogacía del Estado o en prometer antes de cada elección lo contrario de lo que hará después, es lógico que se enciendan todas las alarmas en relación al conflicto territorial, por el que, más allá de las medidas económicas, sociales y de libertades contenidas en el programa, va a ser enjuiciado el nuevo gobierno.

Se contempla en el programa abordar la situación en Cataluña impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo. También se contempla, en la negociación entre PSOE y ERC para establecer una mesa de diálogo entre el gobierno de España y el de Cataluña, que todos sus acuerdos deberán ser ratificados en una consulta popular en Cataluña; lo cual introduce otros elementos de incertidumbre. Recuerda los pactos del Tinell a partir de los cuales se pretendía la reforma constitucional encubierta para soslayar la imprescindible necesidad de contar con los votos del PP para cualquier reforma de la Constitución. A primera vista parece que se quisieran blindar los posibles acuerdos mediante un referéndum; no para la autodeterminación sino para ratificarlos y, en su caso, dificultar al PP su posible reversión en caso de cambio de gobierno. En todo caso es preciso señalar que el programa de gobierno pactado tanto en lo que se refiere a Cataluña como al resto del Estado dependerá, en último término de la disputa entre ERC y Junts per Catalunya que se recrudecerá con la sucesión de Torra, si queda inhabilitado. En último extremo, si ERC pierde las elecciones en Cataluña, puede entonarse un RIP para el apoyo de ERC en futuros presupuestos; tendríamos nuevas elecciones en el plazo de un año.

El programa de gobierno en lo que se refiere al apartado de derechos y libertades no parece que persiga objetivos muy distintos a los que podrían plantearse desde ópticas liberales. Estas van a ser unas de las cuestiones relevantes para saber si el PP va a decantarse por disputar el terreno de la derecha a Vox o acercarse a las posiciones cercanas a las mantenidas por Ciudadanos hasta ahora. Lo seguro es que tras el derrumbe de Cs, éste es un espacio libre para el PSOE y dificultoso para el PP después de las últimas iniciativas del Vox sobre el aborto. Presumiblemente las reformas para la religión, dejando de ser asignatura para hacer media en las notas; la reversión de los límites a las investigaciones judiciales introducidas por Rajoy; la regulación de la eutanasia o la derogación de la ley mordaza, además de una ley específica contra la violencias sexuales, pudieran incluso gozar del apoyo de las escasas fuerzas de Inés Arrimadas, la última esperanza blanca del centro liberal.

No puede decirse lo mismo de las reformas económicas. Si subir los impuestos a las rentas de más de 130.000 euros y a los gigantes tecnológicos no va a repugnar a la mayoría de ciudadanos (a los que no se les quita nada más), incluso va a proporcionarles un sentido de la justicia que deploran por ausente, las otras reformas pueden inquietar. La economía puede digerir la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral del PP, por ejemplo, la posibilidad de despido por bajas repetidas; derogar otros puede generar muchos problemas a las pequeñas y medianas empresa y autónomos. El aumento del salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio, no por deseable, puede afectar, como ya está haciendo el pasado incremento, al ritmo de creación de empleo, que ya se ha reducido a la mitad. Aquí los perjudicados van a ser, principalmente los desempleados jóvenes. La promesa de revalorización de las pensiones conforme al IPC, al margen del crecimiento de la economía, es sin duda una de las reivindicaciones más sentidas, pero quizá susceptible de ser considerada un refuerzo del desequilibrio del sistema. La regulación del precio de los alquileres es compromiso equívoco porque tanto se puede referir a sus actualizaciones anuales como a limitar los precios de mercado, cuestión esta última que puede contravenir la Constitución. Al importante aumento de gasto previsto, habrá que añadir el ajuste de 7.600 millones en el presupuesto de 2020, según mandato de la Comisión Europea. Si difícilmente se van a recaudar más de 4 o 5.000 millones con la nueva imposición, no se contempla en el programa la viabilidad, bien de las promesas, bien del presupuesto. O disparar el déficit, claro, con lo que supondría de tensión con la UE.

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