Es objetivamente innegable que España padece un serio desequilibrio territorial por el despoblamiento de las zonas rurales y, en general, de las provincias del interior, en beneficio de las costas y de las grandes urbes. La Política Agraria Común, que se ideó en la UE precisamente para garantizar la supervivencia de lo rural, está fracasando en España, como constatan las estadísticas, entre otras razones porque apenas el 3% del apoyo total percibido persigue como objetivo específico el “desarrollo económico de las zonas rurales”, ya que el 97% de la PAC se dedica a subvencionar a los propietarios de tierras por sus vínculos con la actividad agroalimentaria o agroambiental, lo cual contribuye muy levemente a la sostenibilidad del medio.
El problema no ha surgido súbitamente puesto que tiene ya alguna historia. En 2008 entró en vigor la primera y aún inaplicada ley estatal para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007, de 13 de diciembre), que persigue, según su probo preámbulo "la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad. En particular, se concede una atención preferente a las mujeres y los jóvenes, de los cuales depende en gran medida el futuro del medio rural". La norma, bien intencionada, prevé la confección de un Programa de Desarrollo Rural Sostenible que será desarrollado por las diversas Administraciones que cooperarán mediante convenios. Todas ellas cofinanciarán las medidas, que recurrirán en lo posible a los fondos europeos.
Ni que decir tiene que, después de algunos escarceos, la norma naufragó en la crisis económica hasta convertirse en agua de borrajas. Por añadidura, cuando aquella ley de 2007 ya había perdido toda operatividad, se promulgó la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que bloqueó la capacidad de gasto de los municipios, y poco después se puso en marcha la Reforma de la Administración Local de 2013 orientada a la liquidación competencial y patrimonial de los municipios rurales. Esta ley, totalmente inadecuada, propugna el abandono, la supresión o la privatización de los servicios públicos esenciales de las pequeñas entidades locales, lo que representa la desaparición de los municipios como entes complejos capaces de prestar las atenciones básicas a los ciudadanos, per se o mancomunadamente con los colindantes, como sería deseable.
En definitiva, las zonas rurales han llegado a cotas insoportables de desatención pública por falta de presencia activa del Estado. Y ha sido un gran aldabonazo la irrupción en la política española de ‘Teruel existe’, un movimiento cívico que ha cosechado un éxito objetivo —ha obtenido un diputado y dos senadores—, que a su vez es el síntoma más claro del fracaso de nuestro sistema representativo. Si para que una colectividad aislada, marginada y abandonada a su suerte adquiera voz es necesario prescindir de los partidos convencionales y recurrir a una ‘coordinadora ciudadana’, es que el modelo de que nos habíamos dotado no sirve, no cumple sus objetivos mínimos.
Como era imaginable, tras “Teruel existe”, ha surgido “Cuenca existe”. Periodistas, abogados, deportistas, artistas, arquitectos y otros profesionales de disciplinas diversas con nexos en la provincia han firmado un Manifiesto por Cuenca que, en resumen, reclama inversiones públicas y pide a las autoridades incentivos para atraer inversión privada que garantice o al menos aminore los riesgos de decadencia que amenazan a la hermosa provincia castellanomanchega. Nada tendría de extraño que en futuras convocatorias electorales los conquenses sigan la senda marcada por los turolenses… y así sucesivamente, lo que llevaría a una fragmentación inasumible del Parlamento.
En los sistemas electorales mayoritarios como el británico, cada parlamentario contrae con su circunscripción un compromiso real de colaboración y atención mutua, algo que aquí, con nuestro modelo basado en la provincia, no sucede ni de lejos. Sería muy ilustrativa (y seguramente desoladora) una encuesta en que se preguntara a los ciudadanos de toda España el nombre de sus representantes provinciales en el Congreso y en el Senado. De donde se desprende que el concepto de “representación” es en España abstracto y teórico, así como que los partidos no han entendido cuál es su función constitucional. Nada menos que ser el “cauce principal de representación” de la ciudadanía.
