Malvivimos con una crisis institucional del marco político construido durante la Transición, que ahora se agrava con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que declara a Junqueras eurodiputado a todos los efectos con su consiguiente inmunidad, veredicto que también afecta a Puigdemont y Comín. La euforia entre los independentistas es lógica. A la espera de las decisiones del Tribunal Supremo español, las primeras reacciones han sido inmediatas. Anulación de la sentencia del TS que condenó a Junqueras y libertad inmediata. Y ERC, a la espera de la reacción de los socialistas y de la Abogacía del Estado, suspende las conversaciones encaminadas a posibilitar la investidura de Sánchez y la consiguiente formación de un gobierno de coalición PSOE / Unidas Podemos.
Y, ahora ¿qué? La responsabilidad de los políticos y de los partidos representados en un nuevo Congreso caracterizado por su diversidad y pluralidad debería ser, además, constituir un Ejecutivo que, aunque en minoría, pueda garantizar estabilidad y gobernabilidad. Pero seguimos atascados y bloqueados. Ni la izquierda ni la derecha tienen posibilidad de investir sólo con sus votos a un presidente y menos de formar gobierno. Vista la imposibilidad "cuasi metafísica" de una mayoría transversal, sólo es posible la investidura de Sánchez contando con la abstención de ERC; para después formar un gobierno de coalición sólo de PSOE/Unidas Podemos en base a un documento programático que incluya objetivos y prioridades.
Pero para la derecha Sánchez es el enemigo público número 1 en su afán de formar gobierno con los comunistas (sic) y con los separatistas (aunque no formen parte del gabinete de ministros). Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid sospecha que el próximo ministro de Hacienda será un etarra (sic); pasando por alto que PP / Cs gobiernan en Andalucía, Madrid y Murcia con el apoyo imprescindible de los populistas de extrema derecha (Vox). La derecha ruge: Vox inaugura la campaña SPEXIT al estilo Brexit británico deslegitimando a la Unión Europea tras "atacar a la soberanía española y la Constitución"; el PP exige que Junqueras no tenga trato de favor y cumpla su condena "como cualquier ciudadano"; y Arrimadas sigue con su letanía de un gobierno PSOE/PP/Cs sin contar ni tan siquiera con el visto bueno del PP.
Conviene recordar que la política es básicamente oír, escuchar, hablar, proponer, acordar y pactar. La democracia es, ante todo, un instrumento para resolver los conflictos de manera pacífica mediante la intervención de todas las partes afectadas. Las soluciones basadas en la imposición no suelen funcionar, o sólo funcionan a costa de debilitar los niveles de exigencia democrática. Ese debe ser el principio que inspire cualquier vía política. Según recientes encuestas, un 65%, una mayoría sólida, está a favor de soluciones basadas en el diálogo y la negociación, mientras un 27% demanda una política de "mano dura" por parte del gobierno de España. Este resultado muestra que los partidarios de la intransigencia son una minoría (muy ruidosa), con una clara sobrerrepresentación en el establishment español.
¿Pueden desatascarse las negociaciones PSOE/ERC, que parece iban por buen camino? Es posible, aunque no con carácter inmediato. El PSOE reconoce el contenido de la sentencia, pero insiste en que las decisiones judiciales no deben influir en la negociación política. El mismo Junqueras ha afirmado que "no debe detenerse la negociación en ningún caso".
Y los que dudan del "secretismo" de las negociaciones, también convendría recordarles que hablar y negociar con el independentismo no pone en peligro el orden constitucional. Por mucho que se hable en una mesa de partidos o en negociaciones bilaterales entre el gobierno de España y el de Cataluña, lo acordado sólo tendrá validez en la medida en que encuentre apoyos suficientes en el Parlamento. Ni el PSOE ni ERC tienen capacidad para alterar el orden constitucional por sí mismos. La clave, pues, está en lo que suceda en el Parlamento, no en las negociaciones previas. Precisamente por ello, no tiene demasiado sentido argumentar que una negociación fuera de la Congreso es una ofensa a la democracia o al Estado de derecho.
A la tercera debería ser la vencida. La otra opción es la repetición de otras elecciones generales, absolutamente indeseables.
