El auto dictado esta semana por un juez auto dictado esta semana por un juez sobre una de las principales piezas del caso Cursach deja en muy mal lugar a la Policía Local de PalmaPalm y debería avergonzar a todos aquellos que han denunciado una conspiración judicial contra el cuerpo policial, incluido su último jefe, Josep Palouzié, quien se ha despedido del cargo defendiendo a algunos de los imputados en el auto. La descripción del juez instructor de lo que ocurría en el cuartel de Sant Ferran es escalofriante y debería provocar estupor y tristeza en el Ayuntamiento responsable de este servicio público.

Los dirigentes municipales deberían tomarse muy en serio los hechos descritos en el auto, de confirmarse en sentencia, reclamar responsabilidades a todos aquellos que han permitido esta podredumbre en un servicio público trascendental en la vida de los ciudadanos y atajar de forma contundente cualquier resto de estas prácticas en el cuerpo. Además de pedir perdón públicamente a todos aquellos que se pudieron ver perjudicados por estas actuaciones.

La resolución, que supone el final de la investigación, ha sido dictada por el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, y supone un espaldarazo al trabajo desarrollado en Instrucción 12 por el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes de la Policía Nacional que participaron en la causa. Estos últimos, Penalva y Subirán están siendo cuestionados por su labor en el caso Cursach, la investigación en torno al empresario de la noche de la que deriva esta pieza. En los próximos días, es muy probable que el Tribunal Superior de Justicia de Balears abra una investigación sobre algunas decisiones que tomaron en la causa. Si se determina que actuaron incorrectamente, que se depuren las responsabilidades necesarias, pero que no por ello se desacredite toda una instrucción que, pendiente de juicio y sentencia, parece evidenciar una trama corrupta de policías locales, políticos y funcionarios en beneficio del empresario Cursach.

El auto del juez Morell imputa a 36 personas, 32 de ellas agentes de la Policía de Palma -dos de los cuales fueron sus jefes, Juan Miguel Mut y Antonio Vera-; un político, el exconcejal del Partido Popular Guillem Navarro; dos funcionarios y un abogado gravísimos delitos como cohecho, prevaricación, extorsión, coacciones, pertenencia a organización criminal, contra la salud pública o tráfico de influencias, entre otros.

El magistrado considera acreditados casi cincuenta actos de coacción y amenazas "que no hacen más que reforzar lo que desde el principio se ha ido constatando en esta investigación, es decir, que en la Policía Local de Palma de Mallorca había un buen número de presuntos delincuentes que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".

Según el relato judicial, este "grupo criminal" en la Policía Local, centralizado en la Patrulla Verde pero que también afectaba a otras unidades, obligaba a empresarios de locales nocturnos a contratar servicios como cámaras de seguridad, limpieza, seguros o tapicería vinculados a los agentes, que obtenían un beneficio económico directo. De no seguir esta indicación, los empresarios rebeldes eran sometidos a "durísimas inspecciones" y otros actos de intimidación. La trama, además, trabajaba también en favor de empresarios -caso de Cursach, citado colateralmente porque está siendo investigado por casos que también afectan a algunos de los aquí señalados-. En este caso, el objetivo era "hundir" a la competencia, de una forma "devastadora". Los policías obtenían a cambio "sobres" con dinero o disfrute gratuito de fiestas con alcohol, servicios sexuales o cocaína.

Todo ello, según el demoledor auto, muestra "el grado de corrupción y servilismo que impregna a toda una institución policial, en la que además los policías honrados que cuestionaban internamente o denunciaban públicamente estas prácticas han sido perseguidos, vilipendiados, humillados, amenazados, coaccionados, intimidados, tratados de forma desigual, etc".

La trama corrupta pretendía perpetuar su poder y, para ello, manipulaba las oposiciones de acceso al cuerpo para incorporar a sus afines.

El auto puede recurrirse ante la Audiencia. La Fiscalía y las acusaciones personadas deberán ahora formular sus escritos, para dar paso después a las defensas y el juicio.

Algunos hechos investigados datan de 2012. La investigación del caso Cursach está siendo larga y compleja, repleta de incidentes procesales que persiguen, por parte de los principales acusados, anular la investigación, y que los hechos no lleguen a juicio. Para ello, hace un año, a petición de Cursach y su segundo Bartolomé Sbert, se requisaron los móviles y ordenadores de periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press, en un claro ataque contra la confidencialidad de las fuentes, pendiente de juicio. También a instancias de los investigados, han sido apartados los policías nacionales que participaron en la causa. El magistrado Penalva y el fiscal Subirán, como hemos dicho, serán previsiblemente imputados por el Tribunal Superior. Todo un embrollo que debería desenredarse con claridad y celeridad, porque está en juego la credibilidad del sistema judicial.

En la pieza sobre la Policía Local, estos últimos años se ha puesto en duda la investigación desde diversos frentes, refiriéndose a una 'causa general' contra este cuerpo. El auto de Morell muestra indicios claros sobre prácticas corruptas que no eran hechos aislados, sino sistemáticos y conocidos, según el relato judicial, al menos por dos de sus responsables. Que agentes de la autoridad tengan estos comportamientos es especialmente grave, por la tutela que la ley les confiere en cuanto a funcionarios públicos. Es imprescindible aclarar y depurar todas las responsabilidades y poner mecanismos de control para que estos hechos no vuelvan a repetirse.

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