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El juramento de los diputados

El juramento de los diputados a la Constitución prestado en la sesión constitutiva del Congreso no ha sido un episodio edificante para la Democracia y el principio de representatividad. Los diputados, que representan a todo el electorado español, han prometido con añadidos de los más variado: "por el 1 de octubre y los presos políticos", "por la república vasca", "por las 13 rosas", hasta "por el planeta".

El art. 108.8 de la Ley orgánica electoral exige el requisito para adquirir la condición de diputado. En la famosa Sentencia 119/1990 el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo instado por Jon Idígoras y otros diputados de Herri Batasuna contra la decisión del Presidente Félix Pons al negarles el acta de diputado por añadir la fórmula "por imperativo legal". Desde entonces todos los Presidentes del Congreso hasta Meritxell Batet están condicionados por aquella resolución judicial.

Acogiéndose a la Jurisprudencia del Tribunal, muchos diputados han convertido la sesión de apertura de las Cortes en una chirigota completamente alejada de la solemnidad pretendida por la Ley. Y, sin embargo, no parecería razonable que la introducción de estas fórmulas conllevase la negación del acta de diputado a quien la ha obtenido en virtud de la decisión electoral del pueblo soberano.

Ahora bien, tal vez convendría excluir la prestación del juramento de la sesión constitutiva de las Cortes. El prof. Ruiz Robledo ha propuesto que, como sucede con los parlamentarios europeos (art. 224.2 LOREG), también los diputados y senadores electos juren o prometan la Constitución ante la Junta Electoral Central en el Tribunal Supremo. De este modo, se le privaría de resonancia mediática y, sin tantos medios de comunicación presentes, los diputados carecerían de estímulos para mostrarse díscolos e intentar ser protagonistas por un día.

La proliferación de partidos ha hipertrofiado el Grupo parlamentario Mixto. Incluye partidos muy diversos, desde la CUP hasta Teruel Existe. Sus integrantes se han de repartir los tiempos de intervención parlamentaria y pretenden aprovechar cualquier oportunidad para reivindicarse. No debería ser a costa del prestigio que merece la institución parlamentaria en una Democracia.

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