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Antonio Papell

Una solución de emergencia

Probablemente la mejor fórmula de conseguir la gobernabilidad en una situación como la actual, en que la victoria electoral ha correspondido claramente al PSOE, sea la de formar una mayoría de izquierdas basada en el pacto PSOE-UP, aunque la investidura requiera la abstención de formaciones como ERC, que puede plantear pretensiones inquietantes (tan censurable es la deslealtad constitucional que ha mostrado recientemente ERC como deseable resulta integrar a ERC en los engranajes de la normalidad constitucional, siempre con las debidas precauciones).

La otra opción clara, que podría invocarse justificadamente mediante el argumento de que este país precisa desesperadamente estabilizarse después de cuatro años de provisionalidad, sería la gran coalición, pero tal posibilidad ha de rechazarse apriorísticamente porque Casado tiene razón al poner de manifiesto que semejante fórmula dejaría el espacio de la derecha a merced de VOX. De hecho, en Alemania, una 'gran coalición' demasiado larga ha provocado el efecto inquietante de engordar a Alternativa para Alemania (AfD), que en el país germánico encuentra además el caldo de cultivo de la decepción de los länder orientales tras la unificación. No es extraño que la renovación del SPD, que acaba de producirse, haya quedado en manos del sector contrario a esta fórmula.

Pero existe, además, una tercera fórmula evidente por simple aplicación de la matemática electoral (ha sido descrita, entre otros, por Isidoro Tapia en El Confidencial bajo la denominación de Fórmula 130), que consistiría en una coalición PSOE-Ciudadanos con la abstención del Partido Popular: PSOE (120 escaños) y Ciudadanos (10 escaños) suman 130 escaños, y si se abstienen el PP y Navarra Suma (89+2=91 escaños), todas las demás formaciones tan sólo podrían alcanzar 129 escaños, con lo que la investidura podría producirse.

Hoy por hoy, no hay modo de averiguar cómo los albaceas gestionarán los restos de Ciudadanos. Si el liderazgo recae sobre Arrimadas, como parece probable, es claro que esta política no podrá luchar contra su propia caricatura, y el antinacionalismo visceral imposibilitaría un acuerdo que, de un modo u otro, debe proporcionar también vías de escape al conflicto catalán. Pero bien pudiera suceder que los supervivientes de la débacle entiendan que sólo un regreso al origen, a la condición pragmática de bisagra que permitió el pacto PSOE-C's de 2016, frenaría lo que hoy parece más bien un irreparable siniestro total.

Es evidente que esta solución tiene graves inconvenientes. En primer lugar, es lógico que el PP exija a cambio concesiones que puedan resultar inaceptables o al menos muy embarazosas para el PSOE, y que desvirtuarían el proyecto político progresista. En segundo lugar, aunque tras la investidura el PSOE podría cambiar sobre la marcha de aliados, cualquier política rechazada por el PP tendría muy difícil materialización ya que les sería muy difícil a los socialistas encontrar aliados: Unidas Podemos se habría radicalizado y tanto ERC como el PNV difícilmente perdonarían al PSOE su entendimiento con Ciudadanos.

De otra parte, la disponibilidad del Partido Popular para esta operación no sería fácil de conseguir, pero objetivamente podría resultarle rentable. Evidentemente, la abstención le facilitaría el logro de algunos pactos de Estado que le serían reconocidos, incluidos un gran pacto educativo, otro sobre la reforma de la Seguridad Social, y probablemente otros más sobre financiación autonómica, política europea, etc. De esta forma, Casado afianzaría su liderazgo de la oposición y se diferenciaría de Vox, una formación que, más allá del testimonialismo, resulta perfectamente prescindible por inútil. Sobre todo si, al amparo de la nueva fórmula de gobernabilidad, PSOE, PP y C's reconsideran los equilibrios territoriales para aislar a Vox.

De cualquier modo, parece evidente que esta solución, con todos sus inconvenientes y contraindicaciones, tendería a reforzar el bipartidismo imperfecto, al devolver la dialéctica política a los dos principales partidos, que serían los interlocutores principales a lo largo de la legislatura. Y se mitigaría la sensación de desvalimiento e impotencia que transmiten tanto el PP como el PSOE, incapaces de ofrecer respuesta si no es enajenando su autonomía y depositándola en manos de los radicalizados compañeros ideológicos de viaje.

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