01 de diciembre de 2019
01.12.2019
Editorial

Tiempos convulsos en el sector turístico

30.11.2019 | 19:58

La fusión de la red de agencias de viajes de Globalia y el Grupo Barceló es el último movimiento empresarial de gran calado gestado este último trimestre del año en Mallorca, precedido por la quiebra de Thomas Cook y la compra de Air Europa, aerolínea de Globalia, por parte del grupo IAG. El sector turístico vive tiempos convulsos, fruto de los cambios en el modelo de viajes y la tipología de los viajeros, la extensión de la economía de escala para ahorrar en costes y el nuevo rumbo que las segundas generaciones de las grandes familias turísticas, como los Hidalgo o los Barceló, quieren imprimir a sus compañías.

Es difícil aún valorar el impacto que estas operaciones tendrán sobre la principal actividad económica de la isla y sobre sus residentes. En el caso de Thomas Cook, los trabajadores de su sede que no han dejado la empresa voluntariamente desconocen cuánto y cuándo van a cobrar las indeminzaciones que les correponden, al igual que hoteleros, transportistas y otras empresas acreedoras. Es cierto que el hueco que ha dejado en el mercado el mayorista británico está siendo rápidamente ocupado por otras compañías, como Jet2, y que las administraciones central y autonómica han concedido ayudas millonarias para paliar los efectos de la caída del gigante. No obstante, habrá que esperar a los próximos meses para comprobar hasta qué punto se habrá conseguido.


El pasado lunes, Globalia y Barceló cerraron el acuerdo por el que fusionarán sus divisiones de viajes, dando lugar así al mayor conglomerado de agencias en España, con 1.500 puntos de venta, 6.000 trabajadores y 4.000 millones de facturación. Cifras de vértigo que ahora capitaneará Gabriel Subías, consejero delegado de Avoris, integrada en Barceló.

Desde ambas compañías se han apresurado a decir que la operación no implicará el cierre de oficinas. Sin embargo, es lógico suponer que habrá servicios de ambos grupos que se solaparán, lo que inevitablemente tendrá impacto en sus activos y, probablemente, en la plantilla. De hecho, la fusión debe ser autorizada por la Comisión Nacional de la Competencia, que también tendrá que pronunciarse sobre la compra de la aerolínea de Hidalgo por parte de IAG, propietaria a su vez de Iberia y Vueling. Sobre esta última operación, hecha pública a mediados de noviembre, poco ha trascendido hasta la fecha. Se conoce el precio, 1.000 millones de euros, pero no el modo en el que va a materializarse y las repercusiones que pueda tener en las conectividad de nuestras islas o en las tarifas del transporte aéreo.

Es razonable el temor de empresas y sindicatos sobre las consecuencias de la venta. Globalia es una empresa radicada en Mallorca, con estrechos lazos con el tejido social y empresarial de la isla. Da empleo, solo en su sede en Llucmajor, a un millar de personas. La inquietud sin embargo no es únicamente laboral. Defensa de la Competencia deberá analizar cuidadosamente los efectos de esta operación. Air Europa e Iberia concentran hoy por hoy en Son Sant Joan siete de cada diez vuelos con la península y la totalidad del tráfico interinsular. Si Competencia no autoriza esta situación de semi-monopolio en algunas rutas y obliga a la nueva compañía resultante a abandonarlas, será imprescindible que otras aerolíneas las cubran o el perjuicio para la conectividad de las Islas será mayúsculo. De aceptar la fusión sin condiciones, sería una buena noticia el mantenimiento o incluso el aumento de los vuelos actuales.


Es obvio que el negocio turístico vive un momento de cambio y Balears no solo no puede permanecer ajeno a ello, sino que debe encabezar este tipo de procesos para adaptar su principal industria a las nuevas demandas y para que sus grandes compañías turísticas conserven su posición de liderazgo en el sector. Los empresarios turísticos mallorquines han creado y exportado un modelo de éxito, que ha generado riqueza en esta tierra y en muchos otros destinos turísticos. Hay que observar los cambios con atención y prudencia. Govern, empresarios y sindicatos deben conjurarse para que tengan el menor impacto posible sobre los trabajadores de las islas y para que todos estos movimientos sumen, y no resten, en la búsqueda de un modelo turístico rentable y sostenible para residentes y visitantes.

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