La entrada en la escena política de la futura Ley de Educación, la primera que tendrá Balears, ha despertado de nuevo a los guardianes del dogma, tras cinco años sesteando en sindicatos educativos, claustros de profesores y cargos públicos. El oásis que les regaló el Govern de Armengol para sus excesos, a costa del aprendizaje de miles de hijos de las familias con menos recursos, amenaza con esfumarse. La escuela concertada y la privada han adelantado por izquierda y derecha a la pública en la enseñanza de lenguas extranjeras, mientras la conselleria de Martí March miraba inmóvil hacia otro lado. Ahora, la simple alusión a un mínimo cambio, a una nueva ley, a un reparto diferente y consensuado en el sistema educativo entre el catalán, el castellano y el inglés u otra lengua extranjera, ha vuelto a poner en guardia a esa resistencia, alérgica a cualquier mejora, no sea que se descubra su incompetencia. Y de nuevo amenazan con sacar a la calle su inmovilismo. Son, digámoslo ya de una vez, los principales responsables de que el catalán no tenga el prestigio social que hoy debería tras más de cuarenta años de democracia, los que han convertido nuestra lengua materna en un código de circulación antipático que nos vigila de noche y de día, los que ahuyentan de la UIB a los futuros estudiantes de Filología Catalana, los que han reservado todos los premios literarios, todos los escenarios teatrales, todos los expositores subvencionados de la edición y todos los micrófonos públicos al catalán. Y lo han hecho en la Mallorca más diversa de la historia. Y, pese a todo, el uso de la lengua retrocede, igual que su sentido crítico.
