La decisión del Govern de suspender la prohibición de matricular en Balears nuevos vehículos diésel a partir de 2025 y de gasolina en 2035 sorprende porque constituye una clara enmienda a su propia acción de gobierno y por la falta de explicaciones claras para justificarla. Aun aceptando los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo autónomo -evitar un recurso de inconstitucionalidad del Estado por invasión de competencias-, lo cierto es que la ley balear de cambio climático y transición energética, que fue una de las medidas estrella del Pacto durante la pasada legislatura, queda muy mermada y condicionada por una futura ley estatal que permita a Balears legislar sobre esta cuestión.

La pretensión del Govern de situar a nuestras islas en la vanguardia europea del cambio de modelo energético es acertada. No se trata una simple cuestión de postureo o de presumir de políticas pioneras, sino de actuar decididamente para revertir una crisis climática que no admite dilaciones. Los indicadores sobre los efectos contaminantes que la industria, el crecimiento demográfico o la acumulación de residuos como el plástico son preocupantes, y es imprescindible un plan de acción que permita preservar el Planeta para el futuro. La ley de cambio climático y transformación energética aprobada por el Ejecutivo de Francina Armengol en febrero de este año marca un camino ineludible, en la línea de las directrices de la Unión Europea y de los Acuerdos de París sobre la reducción de emisiones de dióxido de carbono, que deberán ser ratificados y ampliados en la Cumbre de Madrid prevista para dentro de dos semanas.

Por la importancia de la Ley y por su trascendencia social y económica, cabe reprochar al Govern que no haya explicado con claridad las razones que le han llevado a suspender las disposiciones que prohibían la matriculación de nuevos vehículos diésel dentro de seis años y los de gasolina a partir de 2035, porque la competencia para este tipo de decisiones está en manos del Estado. Era inevitable un recurso de inconstitucionalidad que tenía visos de prosperar. El Govern se ha visto obligado a ceder, aunque la presidenta Francina Armengol haya defendido esta misma semana la capacidad de Balears para establecer esta regulación. En cualquier caso, Armengol se muestra convencida de que el Gobierno aprobará antes de 2025 una ley estatal que avalará la normativa balear.

La Unión Europea y los gobiernos estatales deberían ser los primeros en promulgar una legislación que marque el camino y ampare a las administraciones locales en la adopción de medidas para combatir la emergencia climática. Sin una acción coordinada, ambiciosa y decidida será difícil revertir la tendencia actual. Ahora bien, resulta crucial no confundir deseo con realidad. Las regulaciones que se adopten deben ser viables, desde el punto de vista legal, tecnológico, económico y social. Los fabricantes de automóviles tienen motivos para estar satisfechos, al haber evitado, de momento, la prohibición balear, que ya habían recurrido ante la Unión Europea. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) aboga por una reducción progresiva de los límites máximos de emisiones de dióxido de carbono por parte del sector, sin imposiciones taxativas de la Administración. La patronal se ha mostrado especialmente crítica con la incertidumbre que crea entre los consumidores la falta de coordinación y coherencia de la legislación en España y en Europa, y no le falta razón en ese reproche. La fabricación y venta de automóviles es un sector de enorme importancia en la economía, del que dependen decenas de miles de empleos; de ahí que resulte imprescindible que las decisiones se adopten desde el máximo consenso posible con todos los actores implicados, buscando un equilibrio entre la imprescindible sostenibilidad medioambiental, la viabilidad de las medidas y su impacto económico y social.