El último Consejo de Ministros de este gobierno en funciones rebañó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante un acuerdo, adoptado por decreto ley, que permite usar hasta 3.598 millones de euros para hacer frente a los más de 19.000 millones de euros que costarán las pensiones de diciembre, con la consiguiente paga extraordinaria del mes. Pese a que los recursos recaudados a través de las cuotas „según explicó la ministra de Trabajo Magdalena Valerio„ han crecido entre enero y octubre un 8% con relación al año pasado, y a que la tendencia al alza no decae, el gasto en pensiones desborda esta disponibilidad, y de hecho, en previsión de tal insuficiencia, ya se habilitó el pasado mes de marzo un préstamo del Tesoro al sistema de la Seguridad Social de 13.830 millones de euros, prorrateado en mensualidades. El último decreto ley ha aumentado además en 600 millones más las transferencias del Estado, con lo que la financiación vía impuestos al fondo para el equilibrio presupuestario aumenta hasta los 1.993 millones (los presupuestos prorrogados de 2018 incluían una partida de 1.331 millones de euros, fruto del acuerdo entre el PP y el PNV, partido este que impuso subidas de las pensiones del 1,6% en lugar del 0,25% legal).
En definitiva, a pesar de que, después del bache de la doble recesión 2008-2014, se ha incrementado significativamente el empleo (aunque el paro sigue estando por encima del de 2008 en un millón de personas), ha subido el salario mínimo, se han incrementado las bases máximas, etc., el sistema sigue siendo altamente deficitario. La propia ministra Valerio admitió que el déficit anual de la Seguridad Social es actualmente de unos 17.000 millones de euros (1,3% del PIB) y el mismo viernes pasado el Banco de España publicó la deuda pública hasta septiembre: la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió un 2,4% en septiembre y se sitúa ya en 52.445 millones de euros, un nuevo máximo histórico, en tanto que en el interanual registró un alza del 50,4%, con 17.582 millones de euros más en el último año. Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones.
Estas cifras son utilizadas por diversos grupos de interés para denunciar una supuesta falta de sostenibilidad de las pensiones, que obviamente sería el gran argumento para reducirlas, o para frenar su actualización, o para minorar las pensiones del futuro, o para todas estas cosas a la vez. Lo cual es sencillamente una falacia porque este país, con su envergadura económica y su potencial intactos, es perfectamente capaz de sostener un sistema de previsión social al menos similar al actual. Es decir, es posible sacar adelante, en cuanto haya estabilidad política, el preacuerdo del Pacto de Toledo obtenido en febrero pasado que no llegó a convertirse en acuerdo formal por el miedo escénico de los actores ante la convocatoria de elecciones. Aquel preacuerdo contemplaba básicamente dos criterios rectores: actualización automática de las pensiones con el IPC y una subida aún mayor de las pensiones más bajas para estrechar la gran desigualdad existente.
Tales objetivos son firmes y por lo tanto no pueden depender de una subjetiva "sostenibilidad". Que se consiga o no alcanzarlos depende de la voluntad política del Parlamento. Nuestro modelo de SS es de reparto (no de capitalización, como el desastroso modelo chileno) y siempre es posible incrementar las cuotas y/o incrementar la aportación de los Presupuestos del Estado a este fin. Los Presupuestos financian ya las pensiones no contributivas, y no hay inconveniente alguno en que cubran una parte mayor del gasto en pensiones ordinarias. El mencionado déficit del 1,3% del PIB no puede ser un obstáculo para que hayamos de prescindir del principal artilugio de equidad con que cuenta la democracia española: el que asegura a todos los trabajadores un retiro digno, una vejez sin sobresaltos.
Es importante que, en cuanto se consiga formar gobierno, los preacuerdos del Pacto de Toledo se solemnicen convenientemente para que este asunto salga del debate partidario. Con este objetivo se firmó aquel pacto en 1995, con unos objetivos magnánimos que deben ser preservados.
