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Si fuese cierto que en España impera la judicialización de la política —que lo que no se hace desde los despachos de las sedes o de las Cortes llega a los tribunales para que éstos impongan, además de la ley, el orden— la sentencia condenatoria a figuras de enorme importancia dentro del Partido Socialista Obrero Español por el llamado caso de los ERE llevaría a que se presentase una moción de censura para echar del Gobierno a quien sigue siendo su presidente en funciones. Porque se trata del secretario general de ese mismo partido y semejante lógica se aplicó en su día con Mariano Rajoy, quien no era el que llevaba las riendas del PP ni del consejo de ministros cuando se produjeron las tropelías del caso Gürtel, pero recibió la condena delegada porque era la cabeza del Partido Popular cuando se dictó la sentencia del caso Gürtel.

La idea de repetir la jugada en la cabeza ahora de Pedro Sánchez, quien tampoco tenía el control del PSOE cuando se produjo la trama andaluza, se esgrime sólo a título de pataleta por parte de la derecha —el PP, Ciudadanos, Vox— con la absoluta convicción de que se trata de un brindis al sol. Y como es cierto que los jueces han hablado de manera parecida en uno y otro caso, en el de Gürtel y en el de los ERE, la clave de la diferencia habrás que buscarla en otro sitio que es, por supuesto, el de la política traducida en su reflejo parlamentario. ¿De dónde habrían de salir los votos necesarios para descabalgar ahora a Sánchez, más allá de los que suman los partidos de la derecha?

Como se sabe, la moción de censura que terminó con el gobierno Rajoy prosperó gracias a que el Partido Nacionalista Vasco decidió sumarse a ella; de lo contrario, la historia reciente de la política española habría sido bien distinta. Pero el apoyo del PNV —que no ha sido ni siquiera insinuado— no serviría ahora para cuadrar las cuentas. Y creer que los soberanistas catalanes o Unidas Podemos iban a apuntarse a la cacería contra Sánchez es de una ingenuidad absoluta. Otra cosa es lo que puedan sacar a cambio de los apoyos necesarios para que se logre la investidura en el mes de diciembre; plantearse hoy el rechazo no es digno de crédito. Así que menos lobos con los rasgados de vestiduras ante los casos de corrupción. La postura de Unidas Podemos es, a tal respecto, bien ejemplar: de considerar a los corruptos el núcleo mismo de la casta ha pasado a sostener, por boca de Pablo Iglesias, que lo que se ha condenado de hecho en el caso andaluz es ¡el bipartidismo! La sospecha de que los dirigentes políticos piensan que la ciudadanía es imbécil alcanza cotas espléndidas gracias a argumentos de ese estilo. Como sostienen los dirigentes del PSOE actual, las condenas de los ERE no supondrán problema alguno de cara a la investidura. Por desgracia, los jueces no pintan nada en el mundo político actual.

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