Malos días para recordar las palabras de un socialista andaluz insigne. Cabe aclarar que no se trata de uno de los que acaban de ser condenados esta semana por saquear las arcas públicas de esa comunidad y usar el dinero que del pago de ayudas a los trabajadores de empresas en crisis para crear una red clientelar. Siendo vicepresidente de gobierno de Felipe González, Alfonso Guerra ponía todas las pegas del mundo a la subida de la bombona de butano porque "es el calor de los pobres". Mucho ha cambiado el PSOE, que según se ha sentenciado malversó 650 millones de fondos del contribuyente. Mucho tiempo ha pasado y algunas puertas giratorias han girado, digamos que el butano ya no es la energía que les mueve y que el horizonte ya no lo dibujan los que tienen más posibilidad de pasar frío en casa. El socialismo de otro siglo tal vez vuelva, como los vinilos y las riñoneras. Pero si vuelve, no viajará en un autobús público.
El ayuntamiento progresista de Palma ha esperado a que pasen las tres elecciones convocadas este año para subir los precios de la recogida de basuras un quince por ciento y el billete sencillo del autobús un 33 por ciento. No se puede decir que el gobierno tripartito de la ciudad haya incumplido la promesa compartida de no aumentar la presión fiscal a los ciudadanos porque no son impuestos, pero vaya, el sablazo no entiende de tecnicismos. Mucho me ha sorprendido el tono de irritación con el que el alcalde del PSOE, José Hila, explicó la impopular medida, aludiendo a que "de algún sitio tiene que salir el dinero para pagar los 100 nuevos autobuses" que se van a incorporar a la empresa municipal de transportes (EMT). Que sepamos, el precio de ese centenar de vehículos, 32,4 millones de euros, muy publicitados desde hace cuatro años y que todavía no hemos catado, se iba a financiar con un crédito del Banco Europeo de Inversiones, con los fondos de capitalidad y con préstamos de la banca comercial. No se dijo nada de encarecer el que lleva años siendo el billete de autobús más caro de España. Se ignora cómo se integrará dicha medida disuasoria del uso del transporte colectivo en la ambición de la ciudad sostenible y menos contaminada que el propio Hila dibujaba en su reciente bando contra el cambio climático. La excusa de que se congela el importe que se abona a través de la tarjeta ciudadana no sirve para quitar coches de la urbe en verano: a cualquier familia de cuatro turistas le saldrá más a cuenta alquilar un vehículo, y meterlo en el sempiterno atasco palmesano, que probar uno de los ruidosos buses de la EMT. A cualquier mallorquín que haya olvidado su tarjeta, que no la haya podido recargar por no encontrar dónde y que encima deba esperar 40 minutos en una parada porque las frecuencias son de risa también le valdrá la pena coger un taxi.
La acritud exhibida a la hora de explicar los tarifazos a sus destinatarios la debería reservar el alcalde para la próxima vez que se encuentre con su compañera de partido Francina Armengol, que ha vuelto a dejar a Palma a cero en cuanto a fondos de libre disposición de la ley de Capitalidad, una norma que izquierda y derecha incumplen sistemáticamente, y que se va a gastar veinte millones de la ecotasa en el metro al Parc Bit. Otro medio de transporte de pobres, hasta que llegó Jaume Matas y, en fin, para qué seguir hablando.
