A falta de concretar los apoyos imprescindibles para la investidura, el acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, anunciado sólo 48 horas después de las pasadas elecciones, es el primer paso en firme para superar el bloqueo que vive la política española desde abril. Desde el punto de vista institucional, es una buena noticia que vaya a haber un Gobierno y cierta estabilidad durante la legislatura.
La presidenta de Balears, Francina Armengol, no pudo ocultar el martes su satisfacción cuando trascendió el acuerdo, que trasladaba al ámbito estatal un pacto que ya funciona en Balears, tanto en el Govern, como en consells y ayuntamientos. Pasada la euforia inicial, si el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez sale adelante, Armengol tendrá el reto de lograr que se cumplan los compromisos pendientes con las islas, tanto presupuestarios como de iniciativas legislativas pendientes.
Los resultados electorales del pasado domingo no fueron buenos para el PSOE. Aunque volvió a ser el partido más votado en España y en Balears, Pedro Sánchez no logró el objetivo de ampliar su mayoría. Todo lo contrario, perdió cuatro diputados en el Congreso, uno de ellos en nuestras islas. El PSIB no comulgaba con la estrategia de su líder estatal y hubiera preferido que la coalición con el partido de Pablo Iglesias (con el apoyo o la abstención de nacionalistas e independentistas) se hubiera cerrado antes para evitar la repetición de las elecciones. No fue así, y para pesar de Armengol hubo nuevos comicios, lo que dejaba al Govern, y al resto de autonomías, con un enorme problema financiero al seguir prorrogados los presupuestos de 2018 y no poder recibir fondos estatales ya comprometidos.
Balears exigirá al nuevo Gobierno central 350 millones de euros, que incluyen las partidas pendientes del convenio de carreteras (120 millones), la construcción de las dos nuevas depuradoras de la Bahía de Palma y Can Picafort (120 millones), inversiones en mejora de las depuradoras y del ciclo integral del agua (40 millones) y los 77 millones que el Estado adeuda a Balears en concepto de IVA.
El hecho de que el color político del Ejecutivo autonómico y el central puedan coincidir marcará la legislatura. Aunque sus interlocutores puedan ser de sus propios partidos, tanto Francina Armengol como su vicepresidente por Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, deberán ejercer la máxima presión política para que Madrid cumpla los compromisos adquiridos. Su socio de gobierno, Més, que ha obtenido muy malos resultados electorales, estará muy vigilante, al igual que el Partido Popular, Ciudadanos, El Pi o Vox desde la oposición, que redoblarán sus exigencias y reivindicaciones.
Lamentablemente, Balears, a diferencia de Canarias, no tiene en el Congreso de los Diputados votos determinantes que le puedan dar una posición más favorable para negociar con el Gobierno, de manera que sus reclamaciones no serán prioritarias en la acción del Gobierno. Pedro Sánchez necesitará los apoyos de partidos insularistas de Canarias, de los regionalistas cántabros o aragoneses y de los nacionalistas e independentistas de Galicia, País Vasco o Cataluña para sacar adelante sus iniciativas, y seguro que su respaldo no será gratuito.
Los nueve meses de Gobierno socialista tras la moción de censura de junio de 2018 no fueron fáciles para la presidenta Armengol. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró reticente a aprobar el régimen especial para Balears, que la socialista balear había llevado a Madrid avalada por todos los partidos y entidades empresariales, sindicales y sociales de las islas. Ya en los estertores de la legislatura, el Ejecutivo de Sánchez aprobó un texto descafeinado y postergó a una posterior tramitación en el Congreso las medidas fiscales.
El desarrollo del REB en las Cortes debe ser una exigencia irrenunciable en los próximos meses, así como la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica más justo con las islas. Armengol debería recuperar el consenso inicial que logró con el REB y plantear la reivindicación ante Madrid de la mano de todos los grupos políticos de las islas, para que las iniciativas prosperen con un respaldo amplio en las Cortes y no dependan, como ha ocurrido hasta ahora, de los vaivenes políticos de turno. No será fácil, pero los intereses compartidos de las islas deben estar siempre por encima de legítimas disciplinas y conveniencias de partido.
