Un nuevo bloqueo que impida la formación de gobierno es plausible. Pensar que, en el mejor de los casos, se formará un ejecutivo débil, que dure menos de media legislatura, es casi la menos mala de las opciones que parecen dibujarse para el domingo. El sistema está en fase de colapso agudo, entre otras razones por una Ley Electoral de reforma inaplazable. Lo sucedido el lunes en Barcelona, donde el jefe del Estado, el rey Felipe VI no pudo pisar el asfalto, es altamente inquietante al medir la fortaleza del entramado constitucional. Esas parecen ser las claves esenciales con las que habrá que desenvolverse desde el lunes. Hay otra no menos importante: el espectacular incremento de escaños que unánimemente se le asigna a la extrema derecha de Vox, que se halla ante la inesperada oportunidad de convertirse en la tercera fuerza política de la Cámara constriñendo a un aterrado PP hacia posiciones que no auguran nada bueno y dejando a Ciudadanos al borde de la extinción, para lo que ha acumulado sobradas razones.
Santiago Abascal supo sacar provecho en el desvaído debate del lunes de su posición. Lo hizo a conciencia. A su fiel electorado lo tiene convencido. De lo que se trataba era de añadir a algunos más y aguardar que las maldades de la Ley Electoral le permitan quedarse con no pocos de los diputados que en abril fueron a Ciudadanos y el domingo es plausible que caigan en el saco de Vox, por la simple razón de que quedará por encima de Ciudadanos, al que el cercano desplome se refleja en la desencajada cara de Albert Rivera y demás dirigentes, especialmente Inés Arrimadas, en la que la que ha hecho presa la crispación.
Medio centenar de diputados franquistas en el Congreso de los Diputados. Una extrema derecha que reivindica sin miedo el nacional catolicismo, que ha aprovechado la exhumación de la momia del general golpista para inopinadamente ampliar su base electoral es una pésima noticia, malísima. De entrada, deja al PP sin margen para estudiar una aproximación al PSOE encaminada a pactar determinados asuntos de los llamados de Estado. No hablemos de la denominada abstención técnica para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez, en el caso de que el PSOE gane las elecciones, lo que todavía no ha sucedido. Si se ciegan los puentes entre PSOE y PP podemos dar por finiquitada la legislatura haya o deje de haber investidura, porque la mayoría de la que teóricamente puede echar mano Sánchez: Podemos, Esquerra Republicana, PNV y algunos partidos regionalistas, llegaría con el gen de la inestabilidad incorporado de lleno a su núcleo fundacional. Es apuesta segura por una nuevas elecciones, las quintas, en poco más de un año.
El problema de España es de envergadura. Negar empecinadamente que Cataluña nos ha precipitado a una quiebra constitucional de complicado arreglo es la primera condición para tratar de hallar una salida, un cierto acomodo. No se está haciendo. La derecha exige, en eso no cambia así transcurran tres siglos, mano dura, acabar con las instituciones del Principado e imponer la pax hispánica, un soberano disparate que no lleva a ninguna parte salvo al desastre. Escuchar a uno de los líderes de Vox afirmar en un debate televisado que hay que ilegalizar al PNV y, puestos a ello, también la ikurriña, es prueba de cargo de la clase de gente que va a ocupar decenas de escaños en el Congreso. Reiterémoslo: no se va a poder prescindir de ellos, no se les podrá instalar en el denominado gallinero, en los escaños con menos visibilidad del hemiciclo. Estarán en la mesa de la Cámara, presidirán comisiones y, esa vez sí, darán rienda suelta a lo que llevan en el alma; dejarán de lado el cierto disimulo que han exhibido en Madrid, Andalucía y Murcia. La horda franquista viene fuerte. A quedarse.
