Tras las elecciones catalanas del 2017, Joan Coscubiela, exsecretario de CC OO de Catalunya y exdiputado de ICV, escribió un libro titulado Empantanados. Y ahí seguimos tras el fallo del Supremo. Los siete magistrados han intentado una sentencia equilibrada. No condenan por rebelión -como exigía la fiscalía-, ni prohíben tampoco el disfrute de beneficios penitenciarios hasta cumplir la mitad de la condena. Incluso cuestionan -sin decirlo- las largas prisiones incondicionales sin fianza y las inhabilitaciones que solo fueron posibles al acusar de rebelión.
Pero lo que puede ser un fallo equilibrado (o incluso débil) en Madrid, ha parecido injusto y ofensivo a muchos catalanes que comparten la posición del Barça cuando dice que "la prisión no es la solución". No se ha entendido, o no se ha querido entender, que 9 y 13 años son muchos, pero que la sentencia abre la puerta a que, con un comportamiento inteligente de las partes, las condenas efectivas pueden ser menores. Y sin recurrir a los indultos.
El fallo podía haber tenido una respuesta razonable de la Generalitat: rechazo, pero acatamiento "por imperativo legal". Por desgracia no ha sido así porque el president Torra, cada día más aislado, pero no sólo él, insisten en el " ho tornarem a fer". Y los políticos realistas de ERC y del PDeCAT, que saben que la vía unilateral se ha demostrado imposible, no se deciden a destituirlo. Porque el president es el único que tiene el poder de convocar elecciones, porque ERC y el PDeCat están enfrentados en la lucha por el poder, y -quizás lo principal- porque no se atreven a comunicar a sus electores que la vía unilateral fue un error y es impracticable ¿Y si Puigdemont y Torra les roban parte de sus electores?
El independentismo carece hoy de liderazgo efectivo y la respuesta a la sentencia ha sido el triste pleno del Parlament del jueves, sin ninguna resolución (no había un mínimo acuerdo), y un infumable discurso de Torra proponiendo -por fortuna sólo de boquilla- otro pronto referéndum ilegal. Propuesta que no sólo fue censurada por la oposición, sino incluso criticada por ERC al afirmar que la habían conocido en el propio pleno. Así lo que Torra imaginaba como un nuevo momentum del independentismo se ha convertido en un fracaso.
Pero el pueblo independentista -y las organizaciones que aspiran a encuadrarlo- no han dejado de expresar su sentimiento. Ha habido una protesta legítima, con cinco nutridas marchas que convergieron el viernes en Barcelona y que han sido cívicas, pese a los inconvenientes cortes de carreteras. La mañana del viernes se respiraba en Barcelona el ambiente pacífico y festivo de los 11 de setiembre. También una huelga general, sin respaldo de los sindicatos mayoritarios y con un seguimiento desigual, inferior en todo caso a la del 2017. Hasta aquí todo comprensible y una señal que el Madrid político -desde Pablo Casado a Pablo Iglesias- debería tener en cuenta.
Pero en los comerciantes que cerraron sus tiendas por la huelga hubo que sólo lo hicieron asustados por la violencia de las noches anteriores. Una violencia extrema durante cinco noches consecutivas totalmente inadmisible, que perjudica moral y económicamente a Barcelona y a Cataluña y daña al independentismo. Y más cuando el president Torra sólo la condenó, y atribuyéndola a "infiltrados", a altas horas de la tercera noche. Incluso se puede sospechar que algún sector independentista impulsó una kale borroka que luego no ha sabido controlar.
Ante esta inusitada violencia, lo único positivo para la Generalitat ha sido la actitud del conseller de Interior, Miquel Buch, que ha cubierto la actuación de los Mossos porque sabe que el mantenimiento de la convivencia ciudadana es vital en una sociedad que se respete.
La situación del gobierno catalán es ya insostenible y Torra debería ser forzado -por ERC y el PDeCAT- a dimitir y convocar elecciones. Sólo con unos nuevos dirigentes Cataluña podrá salir de la trampa estéril del populismo separatista. Siempre y cuando encuentre un gobierno en Madrid decidido a sacar a España del pantano en el que vivimos desde hace demasiados años. Y para ello es necesario que tanto el nuevo gobierno de Barcelona como el de Madrid sepan que un pacto razonable, que pueda abrir el camino a una laboriosa solución, deberá tener un amplio apoyo en los dos parlamentos.
¿Es pedir demasiado en una España y una Cataluña que son mucho más modernas, ricas y cultas que las que alumbraron la Constitución y el Estatut hace más de cuarenta años?
