En uno de los cientos de folios de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena a los independentistas catalanes puede leerse que no es responsabilidad de la Sala ponderar las causas políticas que nos han llevado hasta aquí, que el asunto posee raíces históricas profundas. Muy cierto. No es responsabilidad de la máxima autoridad judicial española resolver el inacabable litigio catalán, pero debería haber sido plausible demandarle una cierta compresión de lo que en el Principado sucede para que tuviera en consideración que en su sentencia podría haber colaborado en no enconar todavía más la cuestión. En ocasiones es muy conveniente que la Justicia no sea ciega cuando falla sus sentencias. De hecho lo hace. Una visión de futuro nunca será malvenida. No ha sido el caso: sobre los procesados ha caído todo el peso de la Ley; en consecuencia, España se las ve con otra enorme inflamación del inextinguible problema catalán. Habrá quien piense, al igual que el general Espartero, clásico espadón del siglo XIX, que con bombardear Barcelona cada medio siglo se amansa a los catalanes. Solicito sinceras disculpas por la frivolidad del comentario, pero es que en 2019 tengamos que ver a políticos independentistas, cortos de mira y faltos de escrúpulos, en la cárcel derrota al más inveterado optimista sobre el futuro de las Españas. Torra es un inigualable exponente de quién debería estar incapacitado para ocupar cargo público. En Madrid también hay unos cuantos. Resuenan todavía en los oídos las afirmaciones de Pablo Casado y Albert Rivera llamando traidor, felón y demás descalificaciones al uso a Pedro Sánchez al solicitar la Abogacía del Estado que no se condenase por rebelión sino por sedición. Lo que ha hecho el TS, aunque las penas impuestas sean de cuantía desorbitada.
Vamos a unas elecciones generales con Cataluña en ebullición. Se comprobó el lunes y se siguió constatando ayer, cuando se cumplía el aniversario del fusilamiento por la dictadura franquista del presidente Lluis Companys. La coincidencia ha sido aprovechada por una dirigente de la Generalitat para afrmar, impertérrita, que aquel Estado que asesinó a mansalva es el mismo que hoy encarcela a los patriotas catalanes. Desde la otra parte se exige al presidente del Gobierno que ni se le ocurra pensar en indultos o en reducciones de penas. Los años que les han caído se han de cumplir escrupulosamente. Quien la hace la paga, ha asegurado, en arrebato de preclara inteligencia política, el presidente del PP balear, Biel Company, ridículamente ceremonioso, como acostumbra. Las pretendidamente solemnes declaraciones de unos y otros exhiben la realidad de lo que sucede: no hay solución a la vista, no hay forma de hallar un encaje razonable de Cataluña en España. Forzosamente tendrá que haberlo, pero no se vislumbra; nadie hace el esfuerzo de asentar los cimientos para que acabe siendo posible.
La tenue esperanza está depositada en que si el 10 de noviembre sale de las urnas un resultado que posibilite al que sea investido presidente de Gobierno ampliar considerablemente el margen de maniobra, pueda empezar a modular las consecuencias de una sentencia que se ha querido estrictamente jurídica, pero contiene una carga de profundiad política inmensamente destructiva.
Y resta saber qué sucederá con otro político desastroso, verdadera calamidad bíblica, Carles Puigdemont, del que puede asegurarse que desde Bélgica meterá al Estado español en un embrollo del que el magistrado Pablo Llarena, suficientemente achicharrado, saldrá peor que maltrecho. Una negativa de los tribunales belgas a extraditar Puigdemont desencadenará en Cataluña y en España una onda expansiva de magnitud difícil de calibrar, pero desestabilizadora sin duda alguna.
