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Antonio Papell

Ya hay sentencia. ¿Y ahora qué?

El restablecimiento de la convivencia pasa por dar un salto adelante en el sistema de relaciones Cataluña-Estado

Finalmente ha prevalecido la opinión de la abogacía del Estado, y el plenario de la Sala Segunda del Supremo ha entendido que los hechos del 1-O, incluidos los episodios de relativa violencia del día 20 de septiembre en la sede de la consejería de Economía, constituyen básicamente un delito de sedición, de los del artículo 544 del Código Penal vigente, que cometen quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes". La violencia, que sin duda existió al menos en las dos jornadas mencionadas -el día 20 septiembre y el primero de octubre- fue circunstancial y no estructural ni determinante, y no se utilizó para conseguir el fin deseado, que era la independencia. A los legos en derecho nos parece razonable el argumento, que deja en un estado de flagrante desnudez intelectual al magistrado Pablo Llarena, que con tanto celo se ocupó de describir la rebelión que él sí advirtió con claridad en la instrucción del proceso, así como a la Fiscalía, que le secundó en la apreciación durante todo el proceso. En cambio, instancias inferiores ya se percataron de que la tipificación penal apropiada era la sedición. Misterios judiciales, que nunca se desvanecen del todo.

Pues bien: en ausencia de Puigdemont, huido, la pena máxima es para Junqueras -13 años por un delito de sedición en concurso medial con malversación-, tres exconsejeros (Romeva, Turull y Bassa) han sido condenados por sedición y malversación a 12 años, y los demás, solo por sedición, a penas de hasta nueve años (los tres procesados que estaban en libertad, Vila, Mundó y Borrás, sólo han sido inhabilitados y multados). Ahora arranca una dilatada secuencia de recursos que podrían depararnos sorpresas (ya se ha explicado que en el Tribunal Constitucional hay un sector que tiene una concepción muy amplia y flexible de los límites de los derechos de expresión y manifestación, en consonancia aparente con la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos), si bien la sentencia emitida es firme y todos deberemos disponernos a convivir con ella. También los independentistas, que se han apresurado a poner en marcha el tsunami democrático que han anunciado, y que, de consistir en las medidas imaginables de desobediencia civil y pacífica, podrá servir de desahogo pero el único efecto tangible que producirá será deprimir todavía más estructura económica de Cataluña, ya muy golpeada por los acontecimientos de los últimos años.

Sólo el 9,1% de los catalanes secundan la vía unilateral, es decir, la independencia a las bravas, no acordada con el Estado, por lo que hay que creer que el resto del independentismo y los sectores no soberanistas -más de la mitad de la población- son partidarios de regresar a la normalidad institucional por vía del diálogo y la negociación. Y aunque Sánchez ha dicho que hay que dejar de hablar de independentismo para comenzar a preocuparse por la convivencia, es probable que esta haya de pasar antes de formalizarse por dar un salto adelante en el sistema de relaciones Cataluña-Estado.

Si la crisis, ya larvada, estalló cuando fracasó el nuevo Estatuto de 2006, desactivado por el TC, parecería lógico arrancar de aquel punto para mejorar el actual marco institucional autonómico en una dirección federal que consolidara la descentralización y permitiera de paso restaurar el consenso fundacional del Estado de las Autonomías. Pero todo esto no puede improvisarse, y haría falta un doble diálogo, el institucional entre el Gobierno y la Generalitat, y el que debería llevarse a cabo en una comisión parlamentaria ad hoc en el Congreso de los Diputados.

Una vez emprendida esa senda, que debería contar con amplio apoyo de las fuerzas específicamente catalanas, podría plantearse una condonación razonable de las penas de quienes han de permanecer en prisión un largo periodo de tiempo, no por sus convicciones -conviene subrayarlo- sino por haber quebrantado las leyes legítimas de una democracia impecable. Tiempo habrá para ir concretando estas ideas, que de momento habrán de terminar de decantar y de madurar.

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