El Govern ha demostrado esta semana una enorme capacidad para convertir una oportunidad en un problema. Su decisión de ayudar económicamente a los hoteleros, que ven peligrar su viabilidad por el agujero de impagos que les ha dejado Thomas Cook, se ha visto empañada por la fórmula elegida para ejecutarla, los fondos de la ecotasa, una medida que el tiempo ha demostrado precipitada y no suficientemente consensuada con sus socios de gobierno.
La torpeza se les ha vuelto en contra en varios frentes. Por un lado, se ha puesto en cuestión la ayuda en sí, el hecho de que el Ejecutivo tenga que acudir al rescate de los empresarios con dinero público. En segundo lugar, se ha reavivado la polémica en torno al impuesto turístico, que ya había sido asumido por los empresarios sin los aspavientos iniciales. Y para acabar, ha creado un profundo malestar en los socios de Més, un conato de crisis que evidencia una falta de diálogo y tacto preocupante en los primeros meses de legislatura.
Lo ocurrido tiene su origen en el acuerdo que la presidenta Francina Armengol, el vicepresidente Juan Pedro Yllanes y el conseller de Turismo Iago Negueruela alcanzaron el pasado 3 de octubre con representantes empresariales y sindicales para paliar los graves efectos económicos de la caída de Thomas Cook, que deja impagos por valor de más de cien millones, más de 3.000 puestos de trabajo en el aire y la ocupación en temporada baja muy tocada.
Las medidas adoptadas, que han venido acompañadas por ayudas del Gobierno central, son necesarias. La dependencia de la economía de Balears de la maquinaria turística es enorme y es lógico que la Administración intervenga para evitar que dicha maquinaria se frene, lo que tendría impacto directo no solo en el sector del alojamiento, sino en otros servicios y proveedores vinculados a la industria turística.
Fue el Partido Popular quien, inmediatamente después de la quiebra, ocurrida el 23 de septiembre, propuso suspender el cobro de la ecotasa como medida de apoyo, una iniciativa que aparentemente pasó desapercibida.
Sin embargo, y sorprendentemente, Iago Negueruela recogió el guante y propuso "bonificar la liquidación del Impuesto de Turismo Sostenible" pagado por los turistas de Thomas Cook en los hoteles los meses de temporada alta, julio, agosto y septiembre, en una cantidad cifrada en tres millones de euros. En la práctica, esto significaba que el dinero que los visitantes habían abonado para ser ingresado en las arcas públicas para
proyectos turísticos y medioambientales iría sin embargo a los hoteleros.
La pirueta resultaba confusa no solo para el ciudadano común, sino para el propio turista que podía sentirse engañado sobre el destino de su dinero. Pero los interrogantes iban más allá, y desde el primer momento quedó claro que esta medida era de imposible ejecución desde el punto de vista legal. El error del Govern al haber puesto blanco sobre negro una propuesta de este calado, ante los agentes sociales y en un tema de tanta trascendencia como la caída de Thomas Cook, es mayúsculo.
A ello se sumó la reacción de Més, un socio de gobierno imprescindible para garantizar la estabilidad parlamentaria del PSIB de Armengol. Su airada reacción se produjo porque la decisión no se había consensuado con ellos y porque tocaba un impuesto, el de la ecotasa, de especial sensibilidad para sus votantes, como símbolo de la apuesta de este Govern por la sostenibilidad del turismo.
Negueruela ha reconocido su "error" en la gestión política de este asunto y ha reflexionado sobre la necesidad de que "haya que reforzar los mecanismos de coordinación" entre los partidos del Pacto. Una lección que parecía que ya estaba aprendida tras la difícil negociación que gestó los "Acuerdos para el cambio". No ha sido así y lo ocurrido ha evidenciado que las chispas que tan fácilmente saltaron los cuatro años anteriores entre los socialistas y los diputados de Podemos se encenderán en esta ocasión más a menudo con los ecosoberanistas.
Finalmente, la conselleria de Turismo ha tenido que rectificar y anunciar que los hoteleros, a los que ha sumado a transportistas y pequeñas y medianas empresas distribuidoras, recibirán los tres millones de euros del Govern, pero el dinero procederá de fondos ajenos a la ecotasa. En una comparecencia parlamentaria, Iago Negueruela explicó que el dinero saldrá de su conselleria, sin especificar las partidas concretas.
Lo cierto es que las tensiones en torno a este tema han empañado la cuestión de fondo, verdaderamente importante, que es el impacto de la quiebra del turoperador. El Govern aprobó las ayudas directas a los trabajadores que no van a percibir ningún tipo de prestación en los próximos meses como consecuencia de la quiebra. El Ejecutivo central, por su parte, dio luz verde a una subvención directa de 8 millones para Balears y una línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial, por valor de 700 euros, para empresas turísticas. La reacción ha sido rápida y proporcionada. Aun así, habrá que estar atentos al impacto real de lo ocurrido en el sector y atender las quejas de los hoteleros sobre la deficiente información que están recibiendo de la compañía y de los seguros para recuperar el máximo del dinero perdido.
