La quiebra de Thomas Cook no sólo planea sobre el bienestar de sus trabajadores en Balears; también lo hacía sobre la estabilidad del propio Govern, tras conocerse el acuerdo de destinar los ingresos por el impuesto turístico, pagados por los clientes en Balears del turoperador inglés, a las ayudas a hoteles pequeños y medianos afectados por la quiebra y la reacción de Més; también, aunque en menor medida, a la inminente campaña electoral previa a la repetición de las elecciones generales, en las que se dilucidará, una vez más, si es posible formar gobierno en España.
Como se sabe, tras la decisión del Govern, se produjo la reacción de Més, contraria a la utilización de los recursos del impuesto turístico para ayudas a los hoteles con crisis de liquidez por la quiebra. Més aclaró que no se opone a las ayudas, sino que éstas procedieran de la recaudación del impuesto finalista. Según la formación econacionalista, la resolución del Govern era contraria a la propia ley del impuesto. Estaban predispuestos a apoyar las ayudas en la medida en que se implementaran a través de otros mecanismos presupuestarios o financieros; han explicitado que se podría contar con su voto favorable para ello. En caso contrario, en que se insistiera en su financiación con el impuesto, su voto sería negativo. La respuesta del ejecutivo no se hizo esperar: que el acuerdo del Govern se había adoptado por unanimidad. El vicepresidente Illanes se apresuró a decir que el acuerdo se tomó "sin oposición frontal" de los consellers de Més.
Desconozco la versión exacta de la posición de Més en el Govern, no es descartable que el partido haya adoptado una resolución contraria a la adoptada por sus miembros en el Govern, estaría en su derecho. Pero lo cierto, más allá de las dudas sobre su posicionamiento, es que el acuerdo del Govern era recurrible ante los tribunales por Més en base a su supuesta ilegalidad; o bien era necesaria una aprobación parlamentaria de las ayudas, que, también sería recurrida si se mantuviera su origen en el impuesto, o contaría con el apoyo de Més si procediera de otra fuente de financiación. Lo curioso fueron las explicaciones del conseller Negueruela, que afirmó que "las medidas no son del Govern sino fruto del diálogo social, un principio fundamental para avanzar de forma conjunta". El inspector de Trabajo y colérico hombre fuerte "aunque no vicepresidente" del ejecutivo, haciendo gala del uso mixtificador del lenguaje, pretendía liarnos, o tomarnos el pelo. Nadie va a negar la necesidad del diálogo social, pero quien toma las decisiones es el Govern, no el diálogo social. El Govern responde ante los ciudadanos, no ante los agentes sociales.
Tenía razón el conseller cuando decía que había que tomar medidas necesarias ante situaciones extraordinarias, ¿quién podría estar en contra?, pero una cosa es tomar medidas necesarias y otra es tomar medidas ilegales vulnerando una ley aprobada por el Parlament. La portavoz parlamentaria del PSOE, Silvia Cano, seguidora en todo momento de los mandatos del ejecutivo, recalcó que las medidas acordadas, eran "de justicia social". Nadie niega que sea de justicia social ayudar a empresas y trabajadores afectados, lo único que Més pretendía con su oposición es que se hiciera legalmente, no vulnerando la ley del impuesto. En efecto, según la ley 2/2016 de 30 de marzo del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas del turismo sostenible, los ingresos del impuesto básicamente finalista se afectarán a gastos e inversiones vinculadas con el desarrollo y protección medioambiental y al turismo sostenible, para ello se formará un fondo para: a) protección del medio natural b) fomento de la desestacionalización c) recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural d) impulso de proyectos de investigación científica relacionados con la sostenibilidad e) mejora de la formación y calidad del empleo f) políticas de vivienda con criterios de sostenibilidad energética.
Como puede comprobarse, en ningún punto de la ley se contemplan actuaciones como la que acordó el Govern.
Las posiciones maximalistas y extravagantes de Més en algunos temas, como el de la lengua, su oposición a la instalación en Mallorca de una base de la Unión Militar de Emergencias o el de un referéndum independentista en Balears para 2030, pueden inducir a ignorar el conjunto de sus propuestas. Sería un error, aunque el lenguaje utilizado, también en esta controversia, no ayuda mucho. Así, al proclamar sus dirigentes que "si claudicamos condonando la ecotasa a los millonarios hoteleros nuestras bases no nos lo perdonarían". En primer lugar, si obviamos la demagogia, no es a los millonarios hoteleros, sino a empresas pequeñas y medianas; en segundo lugar, aunque entren en bastantes contradicciones en su falta de respeto a determinadas leyes, no se trata de no claudicar porque las bases del partido no se lo perdonarían y pondrían en peligro sus puestos, se trata de no claudicar porque se estaría, presuntamente, vulnerando la ley. Sí, es cierto, vulnerarla, era una manera sencilla y rápida con la que Armengol salvaba la cara y la papeleta ante una situación social de emergencia. Pero no es la que se correspondía con el respeto a la ley. Y esto, el primero que debería saberlo es el vicepresidente Illanes, juez en excedencia. Esta vez sí, Més tenía razón. El Govern rectifica y Negueruela se ha tenido que comer sus palabras con patatas fritas.
