Felipe González y Mariano Rajoy, dos educados expresidentes del gobierno, han comparecido juntos en Galicia, convocados por un acaudalado empresario, para disfrutar de su merecido protagonismo y tratar de aportar, de paso, algunas dosis de racionalidad a la desbocada política española, que ha pasado en poco tiempo del bipartidismo imperfecto a un inmanejable batiburrillo con seis actores estatales, algunos de los cuales no consiguen establecer una ubicación estable. Lo que ha hecho que, como afirmó González en una conversación previa con los periodistas, se haya pasado de un pluripartidismo al bloquismo.
En el curso del debate, que sobrepasó los cien minutos, ambos expresidentes manejaron la posibilidad de un acuerdo PP-PSOE para desbloquear la situación si tras el 10-N no se consigue una fórmula rápida de agregación que facilite la gobernabilidad. Pero hubo matices en las posiciones respectivas. Rajoy, en efecto, recordó que, tras las elecciones de 2015 y de 2016, propuso una gran coalición, con el éxito de todos conocido (Rajoy tiene rasgos inefables de humor). González, por su parte, no fue tan concreto, y se limitó a afirmar que quienes no tienen posibilidad de formar gobierno no deberían impedir que otros lo hagan. De hecho, y como es bien conocido, González se alineó con Susana Díaz en 2016 frente a Pedro Sánchez en una operación que hizo posible la investidura de Rajoy con la abstención de la mayoría del grupo parlamentario socialista. Por aquel entonces, Pedro Sánchez había abandonado el escaño en el Congreso para no tener que incumplir el mandato de Ferraz, donde reinaba una gestora.
Aunque de estas teorizaciones bien intencionadas y razonables a la realidad de las situaciones puede haber un abismo, sí habría que extraer de ellas un criterio que resultaría muy productivo para la gobernabilidad y la estabilidad del sistema: mientras el PP y el PSOE sigan siendo hegemónicos en sus respectivos espacios políticos —hoy lo son, y la tendencia parece reforzar en el futuro tales predominios—, ambos partidos deberían ser las piezas fundamentales de la viabilidad del modelo. Sobre todo si, como parece, ninguno de los dos está dispuesto a abrir el melón constitucional para facilitar la investidura reformando el artículo 99 CE que la complica sobremanera cuando existe, como ahora, un rígido multipartidismo. Los partidos "nuevos" no son de fiar, y especialmente Ciudadanos, que pretendió representar la regeneración, no ha sabido zafarse de un escandaloso oportunismo, que le llevará a los peores resultados el 10N.
Ello no significa, ni mucho menos, que haya que ir preparando la opción de la 'gran coalición', entre otras razones porque este país, que manifiesta grandes dificultades para negociar y pactar, no asimilaría una alianza contra natura de esta naturaleza, salvo en casos realmente excepcionales. Aquí sería difícilmente viable el modelo alemán de gran coalición, que se formalizó por primera vez en el periodo 1966-1969 con el canciller de la CDU Kiesinger al frente y que ha regresado con Merkel: por tres veces, la mayoría gubernamental se ha conseguido de este modo, lo que ha debilitado al SPD y ha dado alas a las formaciones más excéntricas, Die Linke en la izquierda y AfD en la extrema derecha.
Sí sería posible, sin embargo, un pacto permanente de investidura, que ya insinuó González en 1996, cuando cedió sin forcejeo alguno la primacía a Aznar, que había ganado por muy poco las elecciones de aquel año, desistiendo de buscar pactos que con mayor o menor dificultad le hubieran permitido mantenerse en La Moncloa. Pero una vez conseguido el gobierno, los consensos deberían limitarse a los asuntos de Estado —la periódica revisión de la LOFCA, los desarrollos del Pacto de Toledo sobre sostenibilidad del sistema de pensiones, la renovación periódica por mayoría cualificada de las instituciones constitucionales, la defensa internacional de los intereses españoles, etc.— permitiendo que siguieran compitiendo como hasta ahora las dos visiones clásicas de la democracia moderna, la más liberal, con énfasis en la libertad de mercado, y la socialdemócrata, que enfatice el papel del Estado en la equidad y en el bienestar colectivo. En definitiva, PP y PSOE deberían garantizar el desarrollo del modelo, sin perturbar ni limitar la diversidad. Tampoco es tan difícil de entender.
