El miércoles se cumplirá un año de la riada del Llevant de Mallorca, que se llevó por delante trece vidas y dejó cuantiosos daños materiales y una honda conmoción en la sociedad mallorquina por la envergadura de la tragedia, en la que se volcaron miles de voluntarios. Diario de Mallorca ha recorrido todos los lugares afectados por las inundaciones, ha hablado con los vecinos que las sufrieron, con las autoridades responsables de reparar los daños y con expertos que nos han ayudado a analizar lo que ocurrió y en qué se ha trabajado para tratar de evitar que se repita con la misma intensidad. Sant Llorenç, Artà y Son Servera son hoy pueblos que han recuperado la normalidad. Hay pocas huellas externas de lo ocurrido, pero persiste el impacto emocional y el recuerdo de unas jornadas que marcaron para siempre a la comarca.
El primer aniversario de la torrentada coincide en el tiempo con otra efeméride similar, hace treinta años, cuando las fuertes lluvias ya inundaron la zona y dejaron tres trabajadores de un hotel de Felanitx fallecidos. Las consecuencias de la ‘gota fría’, un fenómeno meteorológico propio del Mediterráneo que desencadena fuertes tormentas por la confluencia de masas de aire frío y cálido, no eran por tanto nuevas. Su intensidad, hasta 233 litros por metro cuadrado en la tarde del martes 9 de octubre de 2018, sí fue extraordinaria.
El Centro Meteorológico de Balears estuvo en el punto de mira tras lo ocurrido por la tardanza en decretar la alerta roja ese día, decisión que adoptó a las 22:01 horas, cuando todas las víctimas habían fallecido y el agua había desbordado el torrente y arrasado todo cuanto encontró a su paso. Aunque el organismo descartó en una investigación interna errores en su labor, sí se detectaron disfunciones que, según explica su delegada a este periódico, se han abordado, como una actualización de los servicios de detección y vigilancia de la predicción inmediata y una mayor coordinación con los servicios de emergencia.
El Govern ha admitido también que los efectivos de emergencias, que dependen del Ejecutivo autonómico y que coordinan a los cuerpos de seguridad del Estado en este tipo de situaciones, requieren mayor dotación de personal y medios y ha llevado a cabo una reorganización este último año encaminada a tal fin. El teléfono 112 se colapsó la noche de la riada y las comunicaciones entre los efectivos de seguridad se cortaron durante un tiempo debido a la caída de las conexiones, circunstancias ambas que exigen medidas para evitar que vuelvan a repetirse.
A lo largo de este año se han reconstruido las edificaciones e infraestructuras públicas y privadas dañadas y hoy no quedan huellas visibles de la catástrofe. Los vecinos han cobrado con prontitud las ayudas prometidas, con un inaceptable impago de los 20,1 millones comprometidos por el Gobierno central a Consell y ayuntamientos. Los afectados han vuelto a ocupar sus casas y reabierto negocios. Sin embargo, aún queda trabajo pendiente, destinado a mejorar las conducciones hidráulicas para evitar en lo posible los desbordamientos de los torrentes.
Los expertos consultados por este diario creen inevitable que, en caso de darse de nuevo la altísima intensidad de precipitaciones vivida hace un año, las inundaciones se repitan. Pero ello no puede conducirnos a la resignación. Deben llevarse a cabo todas las actuaciones necesarias, expropiaciones incluidas, para minimizar el riesgo en las zonas urbanas. Los vecinos viven aún hoy pendientes del cielo, con el temor del recuerdo en el cuerpo. Hay catástrofes naturales inevitables, pero es obligación de todos tratar de paliar al máximo sus efectos.
