Cuando el nacionalismo moderado catalán „CiU, una organización creada y cultivada por Pujol, aunque el patriarca ya no ostentase poder real desde 2003„ y el progresista „Esquerra Republicana de Catalunya, fundada en 1931, resucitada por Heribert Barrera en 1976 y renacida con ímpetu en los primeros años del milenio como reacción al desafuero centralizador de Aznar„ decidieron emprender la vía independentista, sobrepasando el marco estatutario, se hizo pronto manifiesto que el proverbial moderantismo del catalanismo durante el cuarto de siglo anterior acabaría cediendo ante la presión de los más radicales. En los movimientos de esta índole se produce siempre un fenómeno perverso: los extremados se apoderan del terreno de lo simbólico, de forma que quienes pretenden actuar con racionalidad se ven atrapados en la red pasional de quienes practican el acaloramiento. Y pronto la inercia social arrastra a todos: quienes se rezaguen sufrirán las iras, las burlas y los dicterios de los más avanzados, que temen quedarse solos a la cabeza de la manifestación.
En Cataluña, este fenómeno de radicalización es perfectamente perceptible: son los extremistas quienes imponen su criterio. E incluso cuando se han detectado serios indicios de que los más rotundos „los Comités de Defensa de la República„, una extraña mezcla de seudorrevolucionarios que aderezan el furor patriótico con un impulso anarquizante, estarían preparando explosivos para sembrar el caos en los enclaves estratégicos de Cataluña „por fortuna, no parece haber todavía un terrorismo dispuesto a practicar la lucha armada„, quienes en teoría deberían horrorizarse al ver al monstruo que han contribuido a crear, se alinean acríticamente con él, niegan la evidencia, aseguran que el polvo de aluminio, el nitrato de amonio y el ácido sulfúrico son restos verbeneros de los últimos fuegos artificiales veraniegos.
Hoy es primero de octubre, aniversario de aquel gran dislate en que un Estado sin conducción ni criterio manifestó su impotencia ante el intento de la mitad de los catalanes de escenificar un remedo de referéndum de autodeterminación. El relato que Lola García realiza en El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista, una fidelísima e inteligente historia de aquella tragicomedia, debería quitarnos el sueño a todos los españoles de buena voluntad, que vemos cómo se reproducen ahora algunos de los tics más inquietantes de antaño: la pasada semana, un Parlamento enfebrecido y fuera de sí aprobaba una sarta de dislates que ofuscaban el Estado de Derecho y parecían ser el prólogo de nuevos desafueros.
Hoy estamos también en vísperas de la publicación de la sentencia del 1-O, que no puede ser absolutoria porque están en prisión provisional 9 de los 12 procesados por liderar la celebración del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017 en Cataluña, y por proclamar, posteriormente, la declaración unilateral de independencia (DUI). La sentencia enconará por tanto los ánimos, a pesar de que, digan lo que digan los radicales, contendrá una argumentación impecable. En este país„y este es un asunto que tendremos que abordar algún día„, el poder judicial es el único que, para constituirse, ha tenido que acreditar una rigurosa preparación técnica y ha debido competir en reñida pugna intelectual con otros aspirantes hasta llegar a ejercer la profesión. No es, pues, extraño, que la judicatura, con todos sus defectos, muestre un nivel que a menudo le parece asombroso a la opinión pública. Y ahora esta sentencia será un modelo de sensatez y de equilibrio? que no reconocerán, obviamente, quienes combaten al estado por fanatismo y por sistema.
Como es lógico, no habrá ni amnistía general ni indulto negociado, entre otras razones porque es constitucionalmente imposible que los haya. Lo que sí hay es disposición al diálogo „el presidente del Gobierno en funciones lo ha repetido estos días con expresiva intensidad„ dentro de la ley. Y si este proceso de normalización avanza y prospera, nada podría oponerse a que se aplicasen las medias de gracia que la propia Constitución también prevé. Pero que nadie cometa la torpeza de plantear este asunto a modo de transacción, porque de ningún modo puede ponerse precio al respecto a la ley ni a la cordura democrática.
