Tras señalar que en el PNV son "muy respetuosos" con los procesos judiciales, el presidente del partido nacionalista vasco, Andoni Ortuzar (57), periodista, sindicalista y, en la actualidad, dirigente político, ha reclamado desde Barcelona que la sentencia que los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictarán en breve, sea "suave y entendible".
Este desiderátum (deseo o aspiración que aún no se ha cumplido) me ha recordado al profesor de dibujo del colegio, don Fadrique, que nos decía con voz campanuda: "suave, fino y a carboncillo".
Mientras esa pretensión tintinea en la plaza de la Villa de París, a la espera del fallo del Supremo, los imputados aun no han hecho acto de contrición ni parecen tener propósito de la enmienda ("lo volveremos a hacer"), en tanto que la mayoría de los ciudadanos espera una sentencia "justa y proporcionada".
El dirigente jeltzale (partidario del lema "Dios y Leyes Viejas", del partido respaldado por 394.627 votantes) ha aprovechado su presencia en la Ciudad Condal, con ocasión de la Diada, para pedir a la alta magistratura del Estado, que decrete la libertad de los políticos catalanes, imputados por el procés independentista.
Pues, en efecto, ha precisado que le gustaría una resolución que suponga la puesta en libertad de todos los imputados, de manera que la sentencia ayude a que el "conflicto abierto entre Cataluña y el Estado" se resuelva de la "única manera válida", con diálogo, negociación y acuerdo. Lo que ayudaría a "desandar muchos kilómetros de camino mal andado".
El presidente de la ejecutiva nacionalista, que participó en la ofrenda floral junto al ex presidente Artur Mas, declaró: "Creemos que lo más conveniente y lo más justo es que todos los acusados y acusadas queden en libertad".
Ortuzar, que funda su requerimiento en que los imputados por la Justicia constituyen un "activo para el proceso y para el buen fin de la cuestión catalana" y al estar en la cárcel "no pueden trabajar en favor de esa solución", no realizó llamamiento alguno a los secesionistas, al considerar que la solución al problema catalán "no va a venir con sentencias de los tribunales españoles".
El PNV, que traza sus movimientos con escuadra y cartabón, volvió a limitar su presencia en la Diada al acto celebrado en el Fossar de les Moreres con la ofrenda a Casanova, y no envió representación oficial a la manifestación. Así que, probablemente, su presidente quiso tener una amabilidad con sus anfitriones, nacionalistas catalanes, y vino la crecida.
El nacionalismo vasco que ha hecho casi siempre gala de prudencia, como demostró el lehendakari Urkullu en su declaración en las Salesas (lo que irritó al ex presidente catalán, que tildó de traición su alisada declaración ante el tribunal que juzga el procés), ha irrumpido en esta ocasión en terreno sensible, con un atrevimiento alejado de la cultura juiciosa del partido, y poco respetuoso con la separación de poderes.
Esto equivale a alinearse con quienes tratan de moldear esa opinión pública internacional que sostiene, con fogosidad, que en España la justicia no es independiente, lo que equivale a decir que no hay en nuestro país un auténtico estado de derecho. Es inevitable que siempre haya algún metepatas en las proximidades, pero de ahí a poner en cuestión nuestro sistema judicial media un abismo.
El Tribunal Supremo es un pilar esencial del Estado. Reclamar a sus miembros un determinado tipo de sentencia es desconocer la naturaleza de una institución milenaria. Esa falta de ponderación tal vez deja de ser una osadía y se adentra en el terreno de la temeridad. Y el trecho que separa esa actuación del ridículo es muy pequeño.
Al líder nacionalista le ha podido jugar una mala pasada su pasado sindical y alejándose del libro de estilo peneuvista, se ha deslizador por la pendiente del error, en el tiempo y en el espacio.
Las redes sociales se han encrespado con esta intromisión en las deliberaciones del Supremo, en un momento en que los magistrados podrían estar buscando un veredicto unánime. Enojados preguntan a los dirigentes del PNV, partido al que rara vez se ha visto dando consuelo a las víctimas, por qué no reclama también a EH BILDU que pida perdón por los daños causados.
Los más combativos apelan a algún grupo político para que defienda y promueva que se tipifique en el Código Penal, como delito, la presión pública y mediática a los tribunales de justicia y que dicho delito lleve aparejada la inhabilitación inmediata y permanente para el desempeño de cualquier función pública.
Habida cuenta del peso en oro de sus seis diputados en Madrid, el partido nacionalista vasco se está mal acostumbrando a recibir lo que pide, así que no es de extrañar que reclame influir en las decisiones judiciales. Pero esta mala práctica se aleja de un principio esencial en democracia y es que los jueces hagan su trabajo y los políticos el suyo. O lo que viene a ser lo mismo, que cada uno debe seguir con su trabajo o con sus tareas.
Cada mochuelo a su olivo.
