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Antonio Papell

¿Impotencia?, ¿impericia?, ¿ineficiencia?

Esta que vivimos es la historia de un relevante fracaso colectivo. Sin ánimo de dramatizar, porque la realidad subyacente es que estamos disfrutando de una democracia de buena calidad, con muchas más virtudes que defectos, hay que reconocer que la superestructura política -esos "representantes de la soberanía popular" que provienen de los partidos, "instrumentos fundamentales para la representación política" (artículo 6 de la Constitución)- no han sabido gestionar la situación creada por la gran decepción colectiva de la última crisis económica, que dio lugar al surgimiento de nuevas formaciones que han complicado la simplicidad del bipartidismo imperfecto de antaño. Comienza un gran debate, que infortunadamente presidirá la larga campaña hasta el 10 de noviembre, sobre quién es más o menos rsponsable de desaguisado, pero aunque sea altisonante la controversia, carece de verdadero interés: el culpable es todo el establishment, la clase política, el conjunto de personajillos (en su inmensa mayoría) que vive de lo público y que aparenta un empaque intelectual en realidad no posee. Porque probablemente este sea el gran problema de fondo de este país: tenemos una política de pésima calidad.

La observación no es nueva ni mucho menos, pero conviene traerla otra vez: la Transición fue una operación de altura porque se embarcaron en ella personalidades muy relevantes que provenían de distintos sectores profesionales y sociales. Tras la desaparición del dictador, los políticos profesionales eran muy pocos (el régimen fue parco en ese sentido y en el exilio había quedaba sólo un pequeño grupo de resistentes) y bajaron a la plazuela pública catedráticos, empresarios, profesionales liberales, intelectuales de variados pelajes? a tomar e país en sus manos, promover el histórico reencuentro de las dos Españas y confeccionar una Constitución de reconciliación y de futuro. Pero una vez acabado el proceso, las mejores cabezas regresaron a sus ocupaciones habituales, a sus cátedras, sus bufetes, sus laboratorios, sus despachos empresariales? y ha quedado una clase política residual, muy mediocre, mal pagada, que ahora tiene el cuajo de decir a los ciudadanos que no saben votar, que deben esmerarse más al acudir a las elecciones y que hay que repetir una vez más el ensayo. No hace falta gran sensibilidad para entender que semejante mensaje ofende a la opinión pública, genera indignación social, producirá más que justificable abstención, empeora la calidad del proceso representativo e incrementa todavía más el descrédito de lo público y de quienes se ocupan de ello, que no son ni mucho menos "los mejores" como quería Ortega.

Lo cierto es que vamos a nuevas elecciones, que serán el 10 de noviembre, lo que significa que 2019 se nos ha ido ya por el sumidero de la historia. Cuatro años íntegramente perdidos llevamos ya a la espalda, cuando aún no hay garantías de que la nueva consulta aclare la situación y nos regale una etapa de estabilidad.

En estas circunstancias, lo razonable sería que, además de resignarnos a votar de nuevo -no hay más remedio que alimentar al sistema porque la democracia sigue siendo, en la célebre definición de Churchill, el peor de los sistemas políticos, a excepción de todos los demás-, nos dispongamos a mejorar el modelo, que respira impotencia, impericia e ineficiencia por los cuatro costados. Urge renovar los partidos, quizá también normativamente, para que circulen mejor las elites, estén realmente abiertos a toda la sociedad y se vuelvan atractivos para una juventud que hoy les da manifiestamente la espalda. Se han de revisar las incompatibilidades para que profesionales de altura puedan hacer viajes a la política durante un tiempo para regresar luego a sus ocupaciones habituales. Hay que establecer un sistema de retribuciones que no resulte disuasorio? Y es posible que haya que reformar levemente la Constitución para evitar bloqueos como el actual, facilitando las investiduras y, en general, una mayor flexibilidad del modelo. No es ninguna tontería aligerar la rigidez del artículo 99 de la Constitución, que es el que nos mantiene en esta inestabilidad perpetua, cuyo horizonte no se vislumbra todavía. En definitiva, ante la evidencia de la parálisis, hay que reaccionar con algo más que con las simples evasivas de una clase política bajo sospecha que se afana patéticamente en escurrir el bulto y disimular sus deficiencias.

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