08 de septiembre de 2019
08.09.2019
Editorial

Los vertidos, de las playas a los juzgados

El levantamiento del secreto de sumario de la investigación judicial en torno a los vertidos fecales de Emaya en la Bahía de Palma ha vuelto...

07.09.2019 | 20:19

El levantamiento del secreto de sumario de la investigación judicial en torno a los vertidos fecales de Emaya en la Bahía de Palma ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los problemas más graves de la capital balear y de Mallorca: la insuficiente capacidad de las depuradoras existentes y su deficiente tratamiento del agua residual. La falta de depuradoras, fruto de un déficit histórico de inversiones por parte de las administraciones competentes, y un alcantarillado que en gran parte cuenta con una única canalización para las aguas residuales y pluviales, son los principales motivos de esta situación, que se reproduce en muchos municipios de la isla.

En el caso de Palma, el cierre de sus playas en plena temporada a causa de los vertidos contaminados ha vuelto a poner el foco en este serio problema, agravado ahora con su llegada a los juzgados. Lo que hasta ahora ha sido una pésima gestión pública de este asunto puede convertirse en un problema político y judicial de primer orden, ante la inminente imputación judicial de la expresidenta de Emaya y actual responsable municipal de Urbanismo, Neus Truyol.

La falta de inversiones en infraestructuras para el tratamiento del agua residual es enorme. Un informe de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan, sitúa al archipiélago como la cuarta comunidad con más necesidades.

La gestión de los sistemas de saneamiento corresponde a las administraciones autonómica y municipal. En el caso del Govern, del centenar de plantas a su cargo, una cuarta parte funcionan con emisarios submarinos, que vierten el agua residual, una vez tratada, directamente al mar. El problema es que si el tratamiento es deficiente, como ocurre en las depuradoras de Palma, dependientes en este caso del Ayuntamiento, la contaminación se traslada a las costas.

Palma tiene dos plantas, una en Sant Jordi, íntegramente renovada en 2005, y otra en el Coll d'en Rabassa. Esta última data de 1975 y, pese a cumplir con la normativa actual, está desfasada y es insuficiente para absorber el caudal de agua que le llega cuando llueve, lo que provoca los vertidos de grandes caudales sin tratar y el consiguiente cierre de playas, con el daño que ello provoca al ecosistema marino, a sus usuarios y a la imagen turística de la ciudad.

El origen del problema no está en la última legislatura, ni en la anterior. La planta del Coll debería haberse renovado en la década de los 90 y no se hizo. Y hasta hoy ninguna de las administraciones competentes ha invertido o insistido lo suficiente para que la depuradora esté en condiciones o para que se construya y entre en servicio una nueva. Este es el verdadero y acuciante problema, que debería sonrojar a todos los que han podido solucionarlo. Si la judicialización de los vertidos y la contaminación sirve para evidenciarlo, bienvenida sea.

Que estén ejecutándose o presupuestadas inversiones millonarias tanto en instalaciones complementarias para reducir los vertidos en la Bahía como en la instalación de la nueva depuradora del Coll no puede servir de excusa ni consuelo, hasta que las obras finalicen y entren en funcionamiento, algo que, desgraciadamente, no se producirá a corto plazo.

La vertiente judicial se inició a raíz de la denuncia de un particular por un posible delito contra el medio ambiente por la contaminación del fondo marino y una supuesta malversación derivada de la gestión de los fondos por parte de Emaya en la pasada legislatura. Hay que ser prudentes y esperar a conocer los detalles de la causa para valorar su alcance. La mala gestión política, por sí sola, no es motivo de reproche penal, sino que las conductas tienen que ir acompañadas de una serie de elementos graves que dañen el interés público y que estén tipificados en el Código Penal. Sí parece claro que el procedimiento va a tener consecuencias en la política de Cort. Los partidos del Pacto de gobierno, PSOE, Més y Podemos, respaldan a Truyol. La oposición de PP, Ciudadanos y Vox utilizará la previsible imputación de la concejala de Més como instrumento de crítica y desgaste. Falta conocer los detalles de la investigación y los pasos de la titular del juzgado de Instrucción número 12 de Palma para saber si se trata sólo de un problema político grave erróneamente judicializado, o si hay realmente otros elementos que ponen en cuestión la actuación de Emaya y su expresidenta en la gestión de los vertidos.

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